Sin duda que 2023, con la muerte de varios carabineros, será recordado como uno de los años con mayor inseguridad en el país. Hoy, que un delincuente común y corriente camine libre por las calles es una realidad y ello atemoriza mucho a la población. Hoy, que un delincuente con amplio prontuario sea enviado a prisión casi pasa a ser una “gran noticia”.

En la comunidad existe gran preocupación por lo que se denomina “puerta giratoria” de la justicia chilena. Todos los días los medios informativos estamos hablando de hechos delictuales y en un alto porcentaje son protagonizados por personajes que reinciden. Eso provoca una sensación de inseguridad en la población. Desde un tiempo a esta parte con la reforma se instaló un criterio judicial “poco afortunado”, por llamarlo de esa forma. ¿Cómo lograr el justo equilibrio en el tema de las libertades provisionales y la prisión preventiva?

Pero han transcurrido varios años y no se ha hecho nada. Las autoridades gubernamentales han expresado su disconformidad incluso cuestionando fallos “discutibles”. Pero todos hemos sido testigos de que poco se ha avanzado. En los últimos meses en Punta Arenas se ha enviado a prisión a delincuentes con amplios prontuarios, pero la curiosidad que ha causado es que siendo peligrosos delincuentes gozaban de libertad. El problema no se solucionará con leyes más duras que garanticen la permanencia de delincuentes peligrosos en las cárceles.

Esto solo se logrará en la medida que existan políticas sociales efectivas, sobre todo hacia aquellos sectores más vulnerables y propensos a incurrir en conductas delictuales. Y en esto también los gobiernos y los parlamentarios tienen mucho por hacer. No se puede esperar que una norma ayude a terminar con los problemas que como sociedad no hemos sido capaces de resolver.