El pasado miércoles, Punta Arenas conoció la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una antigua casona quemada y abandonada en el Cerro de la Cruz, sitio eriazo propicio para el consumo de alcohol y drogas de quienes deambulan sin rumbo fijo por las noches.

Lo que nadie anticipó fue la macabra historia y los minutos de padecimiento que vivió la víctima a causa del despiadado y brutal ataque de su verdugo, identificado como J.F.G.R.

A través del relato del fiscal Oliver Rammsy, derivado de la confesión ofrecida por el acusado a los cuerpos policiales y la contrastación del mismo con las pericias investigativas de la Brigada de Homicidios de la PDI, durante la audiencia de formalización llevada a cabo durante la mañana de ayer, se ventilaron los detalles del macabro asesinato, mismos que evidenciaron la premeditación y alevosía con la cual actuó el imputado durante la noche del pasado 7 de noviembre.

Noche de horror

En primera instancia se conoció que el acusado habría consumido en su domicilio múltiples drogas, como cocaína, marihuana y clonazepam, luego de lo cual salió, según su confesión, tras la pista de algún miembro de una supuesta banda de personas dedicada a la violación de mujeres y niños, con la intención de que alguno de ellos pudiera guiarlo hasta el jefe de la misma organización delictual.

Fue así como se desplazó hasta la esquina de calle Errázuriz con Armando Sanhueza, lugar donde se encontró con la víctima, Óscar Llanquilef Oyarzo.

Por alguna razón no aclarada, el imputado lo identifica como uno de los miembros de la presunta banda criminal, tras lo cual aprovechándose del estado etílico del mismo y que éste se encontraba en situación de calle, lo invitó a continuar consumiendo alcohol y drogas en el lugar del hallazgo, ubicado en calle Manuel Señoret 1012.

En su confesión, el imputado describe el recorrido realizado junto con la víctima hasta en la escena del crimen, por calle Errázuriz hasta Avenida España, para luego proseguir hasta calle Fagnano, donde subieron en sentido hacia el Cerro la Cruz, “pasando frente al restaurante La Yegua Loca”, concluyendo en el sitio de la tragedia.

El mismo recorrido fue validado gracias al levantamiento de cámaras realizado por la Brigada de Homicidios de la PDI, lo cual permite situar al imputado en el lugar de los hechos.

Una vez en el lugar, el engaño a la víctima continuó, haciéndolo subir hasta el segundo piso del abandonado inmueble diciéndole que era allí donde mantenía las drogas. Fue entonces cuando desde “la parte más alta de la escalera”, según la confesión, el presunto homicida empujó al hombre hacia abajo, cayendo éste estrepitosamente al primer piso.

Acto seguido el acusado se abalanzó contra la víctima puesto que, tal y como lo confesó: “sabía que no iba a morir con esa caída”, razón por la cual sacó un cuchillo con el que asestó una primera puñalada, que no causó heridas a la víctima, pues solo rompió sus vestiduras.

Sin embargo “al no obtener información” respecto de la presunta banda delictiva, propinó esta vez una puñalada al tórax, con tal violencia, que, al retirar el arma, solo habría quedado en su mano el mango plástico, mientras la hoja permanecía dentro del cuerpo de la víctima. Posteriormente, la retiró con sus propias manos.

“Luego de esto me quería ir, pero me percaté que el tipo todavía se quejaba y seguía con vida”, relata el persecutor Rammsy basado en la confesión del imputado, donde comentó que, ante esta situación, tomó un bloque de concreto que halló en el lugar y procedió a golpear en repetidas oportunidades a la víctima ya agonizante hasta rematarlo.

Tras el cruento relato, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado y, a pesar del alegato de la defensa que planteó la inestabilidad siquiátrica del acusado y su colaboración narrando con detalle los hechos en concordancia con lo recabado en la investigación por parte de la PDI, el tribunal reconoció el peligro que representaría la libertad del individuo para la sociedad, con lo cual accedió a la petición de prisión preventiva.

En su dictamen, el Tribunal indicó que la medida sería cumplida en las instalaciones de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria, ubicada en el Centro Penitenciario de Punta Arenas, mientras se cumple el plazo para las investigaciones, el cual fue acordado en cuatro meses.