El 18 de octubre de 2019 comenzó la revuelta popular e inmediatamente la protesta se expandió por todas las ciudades de Chile. Masivas manifestaciones expresan el descontento social de gran parte de la población chilena, su cuestionamiento al funcionamiento de la institucionalidad y su rechazo a una clase política con escasa credibilidad. A los actos pacíficos mayoritarios se sumaron actos de violencia de grupos minoritarios, pero que se descontrolaron y reprodujeron preocupantemente. En respuesta, los actores políticos representados en el Congreso generaron un acuerdo político amplio que permitiría construir un nuevo pacto social en respuesta a las demandas más sentidas de la ciudadanía. Una forma institucional, democrática y participativa para comenzar un nuevo Chile más justo y digno. Que no se nos olvide que de esta forma se acordó redactar una nueva Constitución.

Se trataba entonces de redefinir garantías y derechos, nuestra visión de Estado y nuestras Instituciones para avanzar hacia un Chile moderno, en pleno Siglo XXI, con criterios de solidaridad, dignidad y justicia. Se trataba de dar solución a temas apremiantes para una parte importante de la ciudadanía. Salud, educación, vivienda, pensiones, medio ambiente, justicia, deberían ser concebidos desde el ejercicio de las garantías y no desde el acceso, y de esta forma evitar y dejar atrás las profundas desigualdades sociales que tiene nuestro país. 

El primer intento de redactar una nueva constitución fue aún con la efervescencia de la revuelta social y muchos de los elegidos no estuvieron a la altura del desafío o actuaron con excesiva mezquindad e idealismo ideológico al momento de discutir el contenido del texto constitucional. Quizás el 80% de constituyentes electos provenientes de la centro-izquierda conllevó a la tentación de alejarse de la realidad y voluntad del pueblo a quien decían representar. Quizás el desgaste de los partidos de la ex concertación llevó al protagonismo de nuevos actores más de izquierda, sin experiencia en gobierno, que creyeron que pasar de la A la Z era posible sin gradualismo. Yo siento sinceramente que nos farreamos una gran oportunidad y de paso se desconoció años de lucha de los que hoy peinamos canas. Pese a lo anterior, sigo creyendo que el contenido de ese intento constitucional andaba muy cerca de nuestro Chile ideal, sólo que muy adelantado en el tiempo. 

El segundo intento constitucional es el otro lado de la realidad. La elección de miembros del Consejo Constituyente favoreció con un 62% a la derecha política, en especial a la extrema derecha, que de esta forma quedó con los quórum para aprobar o vetar los contenidos de la nueva carta magna. De las ideas que impulsaron el rechazo prontamente no quedó nada. Así la necesidad de una “constitución escrita con amor” o “una constitución que nos una” quedaron sólo en una frase publicitaria. Lo concreto es que los republicanos impusieron su mirada conservadora y moralista de Chile, para proponer un texto que retrocede nuestra sociedad al Siglo XX (y quizás más atrás), consagrando instituciones fracasadas como las isapres y AFP. De esta forma los derechos siguen la tesis de libertad de acceso, lo que en la práctica significa que lo pueden ejercer sólo los que tienen el dinero para ello. Hasta ahora todo indica que el fracaso será también el resultado de este proceso.

Como una acción propagandística parte del mundo político y algunos medios de comunicación plantean y sacan al tapete la idea de un tercer proceso constitucional, como una forma de que la gente aburrida de tanto debate termine aprobando por cansancio la constitución republicana. La verdad de las cosas es que “el horno ya no está para bollos”, a pesar que las causas que nos llevaron a procesos constituyentes siguen aún vigentes y urgentes. Rechazada la segunda propuesta constitucional debe venir el tiempo para la evaluación de este peregrinaje constitucional, la necesaria participación ciudadana efectiva y la maduración de los actores políticos, para que podamos relevar las urgencias de las personas, revisar nuestra institucionalidad y escrutar nuestra representación democrática. Otro Chile debe emerger de este aprendizaje, otro Chile que procure poner fin a las desigualdades, genere oportunidades para todas y todos y por sobre todo garantice mejores condiciones de vida. Mientras tanto habrá que avanzar reformando la Constitución del 80 o la de Lagos, porque el nombre da lo mismo mientras consagre desigualdades. Lo que hay que tener claro es que un Chile más justo y digno sigue aún pendiente.