Siempre nos quejamos que Santiago es Chile o que las políticas públicas llegan solo hasta Puerto Montt. En los pasados Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos dimos cuenta de la tremenda infraestructura deportiva que queda en la capital del país y acá en Punta Arenas hace más de una década que no se invierte “de verdad” en un gran centro deportivo. El gimnasio de la 18 no es lo requerido y el Gimnasio de la Confederación Deportiva tampoco y tenemos concejales que se negaron al solo proyecto de un Polideportivo.

Somos nosotros mismos quienes no nos queremos. Hablar de descentralización y llevarlo a la práctica históricamente ha sido muy complejo. Chile tiene una diversidad territorial al poseer espacios regionales de desarrollo económico subutilizados, como consecuencia de un centralismo en la toma de decisiones que desatiende las urgencias y realidades de cada territorio.

Para una adecuada descentralización falta mucho, y la que se implemente nunca va a dejar satisfechas a las regiones extremas. Recetas para ello hay muchas. Pero una descentralización bien hecha debe tener interlocutores regionales válidos, con capacidad de decisión local para lograr la facilitación de los procesos previos a una inversión.

Además, se deben contemplar las necesidades de los territorios y de su gente. Muchos cuestionaban si la descentralización debía partir por autoridades regionales electas que se esmeren en generar los incentivos para atraer talentos e inversiones a territorios rezagados y alejados de Santiago o más allá de Puerto Montt.

Las regiones deben construir sus propios proyectos, pero sin dificultar el desarrollo armónico del país. Ahí hay un tema pendiente referente a cómo se transferiría la designación de recursos y cómo se atraería la inversión privada. La Región de Magallanes y Antártica Chilena necesita de una política descentralizadora, pero la pregunta que queda finalmente es ¿a qué costo?