La educación en Chile, como derecho, requiere atención estatal e institucional para garantizar su calidad. La Ley Nº21.091, aprobada en 2018, establece la acreditación institucional obligatoria para Instituciones de Educación Superior (IES), enfocándose en la Formación Técnico Profesional (TP) y la calidad educativa. A pesar de los desafíos existentes, la implementación de la ley avanza.

La formación de capital humano avanzado es crucial para el desarrollo del país. Sin embargo, las instituciones TP no han seguido el mismo camino de regulación que las universidades. A partir de 2006, la ley de aseguramiento de calidad se centró en experiencias universitarias, dejando rezagadas a las instituciones TP.

La acreditación institucional, aunque voluntaria en un principio, fue adoptada mayormente por universidades, fortaleciendo sus capacidades internas. En 2018, cuando se volvió obligatoria, muchos Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales carecían de experiencia previa, planteando dudas sobre su capacidad interna para garantizar calidad.

Con el plazo de obligatoriedad, algunas instituciones TP no lograron la acreditación mínima. Esto llevó a un proceso de acompañamiento y supervisión para mejorar su calidad interna, enfrentarse a una nueva acreditación y, en caso de fracasar, enfrentar el cierre. La calidad educativa es un proceso a largo plazo y la preocupación radica en si la falta de sincronización en la regulación podría estandarizar la formación TP y resultar en la pérdida de instituciones locales y regionales.

La propuesta es que IES con altos niveles de acreditación contribuyan al acompañamiento de institutos profesionales y centros de formación técnica, compartiendo buenas prácticas. Esto garantizaría que la obligatoriedad de la acreditación no afecte negativamente a las instituciones TP, preservando su contribución a la formación local y regional.

En resumen, es esencial abordar la regulación de la educación TP de manera integral, considerando la experiencia de instituciones con altos estándares para proteger la diversidad de programas y el progreso de estudiantes y sus familias a nivel local y regional.