Hemos llegado al final de un camino que prometió transversalidad, diálogo, altura y criterio político para el nuevo constructo constitucional, una propuesta que estuvo marcada por incertidumbre, esperanza y alternativa jurídica con relación al primer plebiscito de salida experimentado. Este 17 de diciembre, Chile se somete por segunda vez al escrutinio de los sufragios que buscarán dirimir una tensión que ha dejado más de una huella en el imaginario histórico del país. De ahí que mi columna de la semana se titule; “El fin de una lucha: ¿A favor o en contra?”.

Primero, recordemos que a finales del año 2019 Chile vivió una profunda crisis política dadas las demandas sociales, alza en el precio del transporte y ausencia de políticas públicas por parte del gobierno, un espacio inscrito en la violencia, saqueos, protestas y una serie de movilizaciones ciudadanas. El gobierno no fue capaz de restablecer el orden público, quedando un espacio y patrimonio público debilitado tras la constante mutilación suscitada. Así, llegamos al denominado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, una especie de salida frente al malestar social. El proceso que Chile enfrentaría se conoce como proceso constituyente post-soberano, es decir, promovido en democracia y elaborado bajo un conjunto de actores que en ningún caso pueden atribuirse el ejercicio exclusivo de soberanía. Ahora bien, la historia de este primer intento ya es conocida, después que un 78% del electorado se manifestara a favor y en apoyo hacia el proceso constituyente, entre paréntesis, el resultado fue un fracaso indiscutido. ¿Cómo se presenta la propuesta constitucional este domingo 17 de diciembre? ¿Realmente pretende unir a todos los chilenos y servir como punto de encuentro? Las encuestas muestran una visión negativa de la Convención y su trabajo desarrollado, claro, con matices, pero en ningún caso con un acuerdo absoluto, si alguien pretendía aquello, claramente fue síntoma de utopía y pulsión romanticista.

Segundo, un detalle no menor es que llevamos 4 años desde que se decidió instalar una alternativa a la constitución vigente, periodo significativo que, hasta ahora, solo alberga ensayos constitucionales “similares” a los del siglo XIX, en otras palabras, un proceso marcado por las frases de “prueba y error”. El Centro de Estudios Públicos (CEP) a través del estudio “A favor, en contra e indecisos en el plebiscito constitucional de diciembre 2023. Un análisis de la Encuesta CEP 90” indican que la justificación general de la opción ‘a favor’ sostiene que la Constitución actual necesita un cambio, la de la opción ‘en contra’ expresa disconformidad con el proceso y las propuestas constitucionales, mientras que en los indecisos se dividen en dos grupos: uno en el que argumenta falta de información y otro rechazo a la política. El CEP justifica las variantes estudiadas señalando lo siguiente: “En su versión 90, la Encuesta CEP ha consultado a la población, entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre de 2023, sobre su opción en el plebiscito. Los resultados arrojan un 8% para la opción ‘a favor’, un 30% para la opción ‘en contra’, un 53% de personas que aún no deciden su voto y un 9% de individuos que no sabe o no contesta la pregunta. Adicionalmente, la encuesta ha formulado preguntas abiertas sobre la justificación de la opción de voto de los entrevistados, las que son respondidas libremente por ellos con las razones principales de su inclinación”. Las encuestas son números, variables y parámetros metodológicos de corte cuantitativo, no cifras finales y absolutas de la muestra examinada. La realidad de la opinión y sufragio social estará plasmado en las urnas, no en los datos acuñados por think tank de un sector político especifico, tampoco de un centro de investigación, los votos versan en la experiencia y criterio de cada individuo de la sociedad civil, no exclusivamente en ideas propiciadas por políticos, analistas, expertos, académicos y otros.

Tercero, el proceso constituyente podría terminar este domingo para un sector de la población, o bien, construir la pretensión de iniciar un nuevo proceso constitucional en los meses a posterior. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la motivación por insistir en una Constitución “que nos una a todos”? Me parece que las palabras de Cristóbal Belollio, Javiera Parada y compañía, no hacen más que instaurar un discurso utópico al esperar que “la constitución nos debe unir a todos los chilenos”. Por definición, la constitución norma a un país, por tanto, el objetivo no radica en garantizar derechos como sinónimo de avance de bienestar, todos sabemos que el acceso y mejora en la calidad de vida de las personas se da por el crecimiento económico de un país, acceso al consumo y políticas públicas que eleven nuestra sociedad y desarrollo humano, en ningún caso, esto pasa por escribir acciones que obligatoriamente dependen del factor monetario, distribución del capital y modernizaciones geopolíticas. Hasta ahora, de ganar el a favor o el en contra, no solucionará en nada la calidad de la salud, educación, pensiones y sensibilidades sociales, ya que todo ello puede ser suturado a la brevedad con voluntad política y esfuerzo parlamentario, sin duda, esperanzas complejas dado el constante discurso economicista de la derecha más radical y las utopías abrazadas por las izquierdas más radicales de nuestro país. El voto es personal, en conciencia y responsabilidad cívica, por tanto, los resultados son la única voz autorizada para responder a nuestra premisa enunciada, “El fin de una lucha: ¿A favor o en contra?”.