Según datos que medios de prensa nacional han dado a conocer, el 40% del total de los municipios del país se encuentran siendo investigados por la Fiscalía del Ministerio Público, sin contar con las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República, la situación es gravísima, nos encontramos en un momento muy complejo desde el punto de vista de la forma como la política ha ejercido el poder, es así que, se ha difundido a través de los medios tradicionales de comunicación, el canal de TV del Poder Judicial, de la audiencia de formalización de investigación contra la ex alcaldesa de la UDI Cathy Barriga, y funcionarios municipales, por diversos ilícitos de gran connotación pública, por tratarse de imputaciones graves, como delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, entre otras acusaciones. Quizás en algún momento tengamos noticias de municipios no tan conocidos como el de Maipú, el de Las Condes, de Vitacura, entre otros, según consignó Ciper Chile, El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado 203 querellas, desde 2009, por delitos de corrupción que involucran a municipalidades, corporaciones municipales, funcionarios y autoridades comunales. El registro -entregado por Ley de Transparencia-, indica que el CDE consideró que contaba con datos suficientes para presentar una acción judicial en 135 municipios, casi un 40% de las 346 comunas del país. De estos casos, 95 fueron cerrados o suspendidos, pero en el 58% de ellos no se determinaron culpables. La Municipalidad de Tierra Amarilla (Atacama) lidera el ranking con siete causas y dos exalcaldes investigados. El 16 de junio de 2023 la noticia de que Raúl Torrealba (ex RN), exalcalde de Vitacura, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, copó la agenda. Pero, entre los 37 procesos judiciales en que un jefe comunal ha sido acusado por delitos de corrupción, el caso de Torrealba es una excepción. Pocos de ellos han pisado la cárcel, ya sea como medida cautelar o en cumplimiento de una sentencia. Es más, según el registro trabajado por CIPER, solo cinco de ellos han sido condenados en un tribunal. Son 32 los alcaldes que aparecen como imputados en estos procesos judiciales. En el extenso repertorio de causas, CIPER identificó aquellas que involucraban directamente a un edil como imputado y hay casos en que una misma persona ha enfrentado más de una investigación en su contra, como sucedió con Osvaldo Delgado (Tierra Amarilla), Pedro Sabat (Ñuñoa) y Christian Vittori (Maipú). En esta nómina también se ubica la investigación que debió enfrentar la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), en el caso “Horas Extras 1”, donde el tribunal determinó decisión de no perseverar en el procedimiento contra la exjefa comunal; el exedil de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex RN), por la contratación en la municipalidad de Alain Goffard Rodríguez (socio de su hijo en la empresa Saygo SpA), caso por el que fue condenado a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo; el ex representante comunal de Maipú, Christian Vittori, por el Caso Basura, proceso judicial del que fue absuelto junto a otros seis imputados; Mario Gebauer (ex PPD), edil de Melipilla entre 2008 y 2016, en la investigación vigente sobre la licitación de luminarias a Itelecom; el exalcalde subrogante de Chillán, Ricardo Vallejos, en el Caso Aljibes, indagatoria que tiene fijada la audiencia de juicio oral para el próximo 11 de diciembre; Álvaro Berger (ex PS), el exalcalde de Puerto Varas que fue condenado a cinco años de libertad vigilada por fraude al fisco; y la exedil de Antofagasta, Karen Rojo, condenada por la polémica contratación de la compañía Main Comunicación Estratégica por parte de la corporación municipal que lideraba. La mayoría de las causas son por el otorgamiento de licencias de conducir o permisos de circulación ideológicamente falsos, pues se entregan a personas que, por razones médicas, educacionales, capacidades técnicas o situación migratoria, no cuentan con los requisitos. Según las querellas, los funcionarios municipales investigados por estos casos cobraban entre $80 mil a $300 mil por distintos servicios. Las irregularidades con licencias y permisos han ocurrido en comunas de todo el país, como San Joaquín, Angol, Coelemu, Carahue, La Pintana, Santa María, Doñihue, Sagrada Familia, Quilicura, La Florida, Peñalolén, Pencahue, Pirque, Lo Barnechea y Calera de Tango. En Pirque, por ejemplo, un exconcejal, David Nieto Barrera (PPD), fue acusado por el entonces alcalde de la comuna, Cristián Balmaceda Undurraga, de utilizar su condición de autoridad frente a dos funcionaras municipales, para obligarlas a emitir un permiso de circulación a su favor, aun cuando su vehículo registraba 33 condenas por infracciones a la Ley de Tránsito y multas impagadas que superaban el millón de pesos. En esta causa, el Juzgado de Garantía de Puente Alto dictaminó la decisión de no perseverar en el procedimiento.