Nadie podría dejar de reconocer que estamos en medio de un escenario de violencia nunca antes visto en el país, con delincuentes cada vez más peligrosos, criminales que llegan a Chile como si nada y, más encima, un juez los premia otorgando el beneficio de hacer videollamadas.

Daniel Urrutia, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, aceptó la realización de videollamadas a nueve reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). Urrutia dijo haber recibido amenazas de muerte desde que su autorización se convirtió en polémica.

Sin criterio.

Lo cierto es que cuando todos nos enteramos de esta noticia, lo primero que se viene a la cabeza es la falta de criterio de este juez de la República. Sin embargo, su actuación no tiene nada de nuevo, ya que, recordemos que en 2020, quitó la prisión preventiva a 13 imputados de la “primera línea” por delitos cometidos durante el estallido social, dejándolos con arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones decidió revocar su resolución y fue apartado varios meses de sus funciones y se abrió un sumario en su contra. Hasta que en el 2021, el pleno de la Corte le permitió regresar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que, hoy se desempeña.

No es posible que en nuestro país, un juez absolutamente ideologizado, de izquierda, haga lo que quiera y falle en favor de los delincuentes. Es tan grave la situación que, hasta el propio gobierno -esa misma administración también de izquierda-, puso en tela de juicio, la decisión de Urrutia de permitir a reos de alta peligrosidad que hagan videollamadas. La vocera de Gobierno, Camila Vallejo dijo “esto, a juicio del Ejecutivo, evidentemente no contribuye...”.

Y como si todo esto fuera poco, resulta que, además, el juez Daniel Urrutia ordenó entregar beneficios carcelarios al colombiano Rafael Marín Vielma, condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Marín, nada más y nada menos, tuvo de abogado a Carlos Quezada, el mismo que defiende al propio juez Urrutia en diversas querellas y denuncias por amenazas y calumnias en su contra.

Así las cosas. ¡Todo compartido! ¡Todo al revés! Lo que se requiere son actores del Poder Judicial idóneos, que no terminen siendo un peligro para la sociedad y no actúen en función de su ideología. De lo contrario, seguiremos en términos de justicia, por mal camino y con una delincuencia impune.