Recientemente la Universidad San Sebastián dio a conocer la Encuesta cuantitativa “Chile Nos Habla” sobre Seguridad, muestreo que saca una fotografía a marzo de 2024. Los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados percibieron -en los últimos 6 meses- un aumento en la delincuencia y en la violencia. Además, se evidenció un alto nivel de temor en la población, lo que llevó a cambios en los hábitos personales y la implementación de medidas de seguridad, tanto en viviendas como en vehículos. En cuanto a las instituciones, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones fueron evaluadas como las más eficientes en materia de seguridad, mientras que se presentaron propuestas para combatir la delincuencia, como el uso de armas de fuego por parte de inspectores municipales de seguridad ciudadana. 

La encuesta proporciona una visión detallada de la percepción de la seguridad en Chile, una mirada sobre los efectos y no las causas de ella. Desde allí que es necesario traducir sus resultados desde los factores de riesgo necesarios a atacar para que no deriven en acciones delictivas. Queda claro que la presencia del crimen organizado se percibe de manera más evidente y sus efectos, eventualmente, caminan a la democratización de la violencia, traspasando fronteras territoriales de la mano del narcotráfico y grupos extorsivos.

Es imprescindible comprender que esto no es aleatorio ni fortuito. El desarrollo del negocio delictivo está cambiando y busca mayor control territorial, desde el interior de las cárceles a las fronteras.

Las organizaciones delictivas están anclándose en cédulas de carteles internacionales expertas en el mercado de las drogas y armas, así como también en negocios de apoyo como la Trata y la explotación sexual. Hoy los grupos extorsivos suman estrategias que buscan anular la cohesión social en los territorios donde actúan, para ello reclutan a niños y jóvenes, muchos de ellos excluidos del sistema escolar, otros desertores del sistema de protección de Mejor Niñez, niñas captadas a la salida de una residencia para redes de Explotación Sexual Comercial Infantil. De esta manera se busca la ineficacia de la persecución penal, toda vez que se sustenta en inhibir la cooperación de la comunidad con la autoridad, pues sus hijos realmente están secuestrados por estas bandas que los seducen con la Narco cultura y símbolos de poder, ecuación que deriva en trayectorias violentas que se expresan en este aumento sostenido de la percepción de inseguridad.  

Hace sólo unos días nuestro medio daba a conocer que un ciudadano extranjero era enviado a prisión por la explotación sexual de una menor de 12 años, algo preocupante sin duda. Llego el momento de actuar, no podemos ser indiferente a estos hechos y las autoridades deben velar porque esto no siga creciendo.