A ratos caía nieve sobre el Centro de Internación Provisoria Cerrado (CIP CRC) del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Punta Arenas, en el sector Río de los Ciervos, al sur de la ciudad, mientras una treintena de funcionarios de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase) se manifestaban en una jornada de paralización. Una “posición radical”, como definió Javier Oyarzún, secretario de la Antrase, pero también solidaria.

Es que el lunes llevaron a cabo un paro que apuntaba no tanto al presente sino que al futuro del servicio en general. “Estamos sumamente complicados a nivel nacional”, advirtió Yenni Millacura, presidenta de la Antrase local. Dicha preocupación tiene que ver con lo que ven en el norte, con el traspaso del Sename al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la alternativa que, según se prometió en algún momento, reemplazaría para mejor al servicio actual.

Dijo Millacura que solo quieren que el Estado “cumpla los acuerdos que se comprometieron para el nuevo servicio”.

El contexto está en que desde el 13 de enero pasado comenzó a funcionar el nuevo servicio en la macrozona norte de Chile, incorporando, de acuerdo con la información de la web de la propia institucionalidad, a los centros de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Allí, dijo Millacura, “están comprando hasta el papel higiénico desde sus bolsillos, porque hoy ni eso como insumos mínimos tenemos. Incluso en una región tuvieron que juntar plata para pagar el agua los funcionarios; no están todos los cargos en dotación y lo más grave hoy es que están incumpliendo una resolución que tiene que ver con los grados mínimos de traspaso que no se les ha pagado a los funcionarios en el norte”.

En el sur

En el caso del sur, la dirigenta gremial denunció que, a seis meses de la implementación (proyectada para principios de 2025), aun no cuentan con infraestructura para usuarias, ni tampoco la ampliación “de la que hubo compromisos”.

“El panorama es bastante desolador: todos esperábamos un servicio especializado (…) En papel hacen un dibujo muy bonito de lo que viene, pero en realidad las platas no están porque la Dipress (Dirección de Presupuestos) no está colocando las platas mínimas para poder hacer funcionar el centro”, resumió.

Según dijo, existen centros que se encuentran tomados; otros con muy baja dotación; y otros con sobreturnos.

En paralelo, los representantes de los funcionarios del Sename se restaron de una mesa de negociación, pues existe una duda en la integración del personal nuevo. La presidenta de la Antrase explicó: “Incumplieron una resolución del nuevo servicio que decía los grados mínimos y han incumplido todo lo que estaba en los protocolos ya firmados de acuerdos, porque no fueron protocolos que se nos ocurrieron, sino que se firmaron con el Ministerio de Justicia”.

Cabe recordar que los sueldos de los trabajadores estatales se rigen en función de grados. Javier Oyarzún graficó que el incumplimiento de los protocolos de escalafón “nos toca el bolsillo: hoy tenemos compañeros que perciben la mitad del sueldo que percibían anteriormente”.

“Estamos en alerta y no bajaremos esta alerta hasta que se cumplan los acuerdos comprometidos. El espíritu de esta movilización desde el directorio nacional es que se cumplan los acuerdos que se firmaron. Hasta que no se cumpla eso, la movilización va a seguir estando presente”, aseguró luego.

Hubo un apoyo también desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). Evelyn Córdoba, la presidenta regional, quien llegó al lugar, manifestó: “La idea es que el traspaso llegue con recursos, con infraestructura, con buena implementación, porque como dijo la compañera de Antrase, buscamos una atención especializada para niños y jóvenes. Y eso es lo que hoy le exigimos al Gobierno. No queremos que lo que se escribe con la mano después se esté borrando con el codo”.

Este martes los presidentes regionales se congregarán en Santiago para presionar al Ejecutivo. Aunque acotó Millacura que no será la de este lunes “la única movilización que habrá”.

En el CIP CRC de Punta Arenas trabajan al menos cincuenta personas, mientras que los usuarios son cinco, de los cuales cuatro son mayores de edad tras haber cumplido años después de la condena.