La Municipalidad de Laguna Blanca ha sido condenada por el Tribunal Laboral a pagar una indemnización de $10 millones por daño moral y a ofrecer disculpas públicas a Carlos Andrés Jaña Alvarado, un técnico en enfermería del Programa de Salud Cardiovascular en la Posta Rural de Villa Tehuelches. 

La sentencia concluye un proceso de tutela laboral en el que Jaña denunció ser víctima de acoso laboral sistemático, hostigamiento y vulneración de sus derechos fundamentales.

Jaña Alvarado, quien posee una discapacidad del 52,5%, interpuso la demanda alegando haber sufrido maltrato sicológico, descalificaciones, acusaciones infundadas y represalias por parte de miembros del equipo de salud y su jefatura directa. Según su testimonio, estas situaciones le provocaron un trastorno de adaptación con ansiedad, y el ambiente laboral se tornó aún más hostil después de que expusiera formalmente los hechos.

En su defensa, la Municipalidad de Laguna Blanca negó la existencia de acoso sistemático, atribuyendo los hechos a conflictos laborales y comunicaciones en contextos informales. Además, cuestionaron la procedencia de la indemnización solicitada, asegurando haber derivado antecedentes a la Contraloría y haber actuado dentro del marco de la ley.

El juicio culminó con un fallo contundente a favor de Jaña Alvarado. La sentencia establece que:

“Se acoge la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por Carlos Andrés Jaña Alvarado” y “se declara que la Municipalidad de Laguna Blanca vulneró el derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, que refiere a la protección de la integridad psíquica”.

De esta manera, se condena al municipio al pago de una indemnización por daño moral equivalente a $10.000.000, con los reajustes e intereses correspondientes.

La Municipalidad de Laguna Blanca, a través de Jaime Arteaga, director de la Posta Rural Fernando Ampuero Cheuquel, de Villa Tehuelches, deberá ofrecer disculpas por escrito al trabajador por la “mala gestión de las problemáticas laborales” que transgredieron su integridad síquica, comprometiéndose a no repetir estas conductas.

La municipalidad deberá realizar una jornada de difusión sobre derechos fundamentales de los trabajadores, a la que deberán asistir obligatoriamente el director de la Posta Rural, los funcionarios Guido Zárate y Mónica Pérez, y todos los demás funcionarios de la posta.

Asimismo, se condena al municipio en costas por haber sido totalmente vencido en el proceso.

El abogado Ramón Ibáñez, quien representó a Carlos Jaña, expresó su satisfacción con el fallo: “Esta sentencia es un reconocimiento a la lucha de Carlos por sus derechos y envía un mensaje claro de que el acoso laboral no será tolerado, incluso en entornos rurales. Es fundamental que las instituciones públicas garanticen un ambiente de trabajo digno para todos sus funcionarios, y este caso es un paso importante en esa dirección.”

La resolución del tribunal sienta un precedente relevante en materia de acoso laboral y protección de derechos fundamentales en contextos de salud rural, destacando la importancia de una gestión adecuada de las problemáticas laborales y el respeto a la integridad síquica de los trabajadores.