Se acercó la Municipalidad de Puerto Natales, entonces encabezada, como hoy, por la alcaldesa Antonieta Oyarzo, a pedir liquidez a W Pro Capital SpA. Un proceso de factoring, como es conocido cuando se hace el traspaso de créditos y facturas a su favor a cambio de dinero inmediato de esas operaciones. El monto fue de $48.347.176. Era el año 2022 y desde entonces, del dinero no se sabe nada.

Jerónimo Alvear, abogado de W Pro Capital, calcula que, considerando reajustes e intereses, la deuda podría ascender hoy a $80 millones. “La ley autoriza a que, el juez, en el caso de no pago, puede ordenar apremios en contra del alcalde en cuyo ejercicio se contrajo la obligación. Y los apremios pueden ser económicos o personales. En este caso, está decretada la orden de arresto”, explicó el abogado.

La causa se encuentra en el Juzgado de Puerto Natales por “gestión preparatoria de notificación judicial de facturas”, en contra de la Ilustre Municipalidad local. Según se lee en el documento, la factura “fue cedida a Australed e Ingeniería Montajes y Construcciones SPA”:

“La factura antes individualizada tuvo su origen y fue emitida en razón de diversas operaciones mercantiles celebradas entre las partes dentro del giro de sus negocios, las cuales al ser entregadas y debidamente recepcionadas, fueron irrevocablemente aceptadas, estampándose además el acuso de recibo de las mercaderías”.

Al 26 de octubre de 2022 ya llevaba 117 días de atraso, y un total de $51.894.785 por concepto de capital adeudado.

La defensa de Antonieta Oyarzo intentó suspender el proceso, pero el tribunal ordenó en noviembre de 2013 “reanudar el procedimiento a contar de esta fecha”.

Alvear explicó parte de los argumentos expuestos por la Municipalidad en el proceso: “Aparentemente el contrato, no la factura, estuvo embargado por otro acreedor distinto y le pagaron a él (...) Nosotros hemos seguido el juicio a la Municipalidad. Ha habido juicios por otros factoring. Han intentando embargar cuentas corrientes que han alzado. Yo personalmente embargué un terreno que quedó de la subdivisión del liceo”.

Existe la posibilidad de que arresten a la alcaldesa Oyarzo “hasta que pague”, explicó el jurista. Lo último que hizo la defensa, según citó Alvear, fue “decir ‘no es que no quieran pagar, sino que en la última partida presupuestaria de los fondos que venían de (la Subsecretaría de) Desarrollo Regional, a mí, por Ley de Presupuesto, me retuvieron una partida por $1.500 millones para el pago de un convenio con los profesores’. Dicen que no me pueden pagar porque le retuvieron fondos comprometidos a pagarles a los profesores”.

Con todo, él hace un diagnóstico: “Una tendencia de la municipalidad a no pagar”.

Y si bien la orden de arresto aún no ha sido decretada, “el juez se abrió a decretarla”, cerró. En otras palabras, el juez tiene la orden sobre la mesa y, tomando en consideración la velocidad de los fallos, podría ser emitida este sábado, como en 10 días más. “En este caso en particular, ella es la única que tiene la manija para pagar mientras sea alcaldesa. Quien la suceda no tendrá especial interés porque las medidas no son contra quien suceda”, concluyó Alvear.

El Pingüino intentó tomar contacto con la jefa comunal de Natales por medio del departamento de comunicaciones del municipio, pero no hubo respuesta.