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l pasado lunes siete de octubre, el Presidente de la República Gabriel Boric Font presentó en cadena nacional el proyecto de ley que propone un nuevo instrumento de financiamiento para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, el cual fue ingresado inmediatamente el día martes ocho de octubre con la presencia de altas autoridades, incluido el Ministro de Educación Nicolas Cataldo y el Subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana, en dependencias de la Universidad de Santiago de Chile.

Este proyecto de ley, busca dar un alivio a las más de un millón seiscientos mil personas que tienen deudas por instrumentos crediticios como el crédito con aval del estado, fondo solidario de crédito universitario y Corfo. De ese total, 1 millón 219 mil personas recibieron CAE (datos a diciembre de 2023), siendo el instrumento más significativo. Desde su creación en 2005, el CAE ha significado un desembolso total de cerca de nueve billones de pesos al Fisco. Dentro del total de gastos fiscales asociados al CAE, el 66% corresponde a compra de créditos, mientras que el 34% a ejecución de garantías, pagos y subsidios adicionales. Solo en 2023, el CAE tuvo un costo de 741 mil millones de pesos para el Estado, del cual el 36% corresponde a desembolso por concepto de garantías ejecutadas

El actual sistema de créditos para la educación superior es un gasto significativo para el Estado, una tensión permanente para las finanzas de las instituciones de educación superior y especialmente para las universidades regionales, y una carga importante para el bolsillo de miles de familias. Por lo mismo, se requiere avanzar con urgencia hacia una solución progresiva y justa que ofrezca alivio a la población deudora, que cautele la eficiencia del gasto fiscal y garantice la viabilidad del sistema de educación superior a mediano y largo plazo. Pero este proyecto de ley no busca únicamente poner fin a una política pública específica, sino también avanzar hacia un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior (FES). Este nuevo instrumento estará disponible para todas las y los estudiantes que lo requieran, permitiendo estudiar sin costos inmediatos por matrículas ni aranceles, pero con el compromiso de retribuir posteriormente a través de un mecanismo de contribuciones que será sensible a la situación laboral y salarial de las personas beneficiadas.

El nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) pone fin a los créditos estudiantiles, garantizando que los recursos invertidos por el Estado se destinen exclusivamente a fines educativos. El nuevo instrumento de financiamiento será de adhesión voluntaria y estará disponible para todas y todos los estudiantes que lo necesiten, sin requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES. La

cobertura de este beneficio se extenderá por la duración formal de la carrera más un año adicional, sin pago de matrícula ni arancel para las y los estudiantes hasta el noveno decil de ingresos. Las instituciones de educación superior podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios solo del décimo decil de mayores recursos económicos.

Las y los beneficiarios comenzarán a retribuir al FES un año después de su egreso o interrupción de estudios. Esta retribución será contingente al ingreso, hasta el 8% del sueldo mensual, y se extenderá por una cantidad de tiempo proporcional a los semestres cursados, con un límite máximo de 20 años. ?uienes ganen menos de 500 mil pesos mensuales estarán exentos de pago. El proyecto exige a las instituciones que adscriban a Gratuidad o a FES, que cuenten con transparencia activa y rendición de cuentas, esto es, que hagan pública su estructura organizacional, su planta de personal y remuneraciones, y los fondos públicos y donaciones que perciban.

El proyecto también propone un Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas con condonación total o parcial para todas las personas deudoras de créditos estudiantiles (CAE, FSCU y Corfo) de acuerdo a su realidad. El Plan comprende tres tipos de condonación: inicial, mensual (progresiva) y por pago anticipado. La condonación inicial depende de la situación académica de la persona deudora (si terminó o interrumpió sus estudios) y su historial de pago (si está al día o moroso, considerando también el número de cuotas pagadas). El mínimo de condonación será de 20 UF ($760.000 aprox.) y el máximo de 120 UF ($4.550.000). Si una vez aplicada la condonación inicial, el valor de la deuda es igual a cero, la deuda se da por terminada. ?uienes, tras la aplicación de esta condonación inicial, continúen con un remanente, verán recalculada su deuda en cuotas más bajas definidas según su ingreso mensual. Al igual que en el esquema de contribución de FES, la retribución no será superior al 8% del sueldo mensual y quienes ganen menos de 500 mil pesos mensuales estarán exentos de pago. Por último, a quienes opten por pagar anticipadamente el total de su deuda tras la condonación inicial, se les rebajará el 25% del total.

El objetivo del Plan es aliviar a quienes estén más apremiados económicamente y también reconocer a quienes con esfuerzo se han mantenido al día. En tal sentido, quienes ya saldaron su deuda CAE, tendrán derecho a un beneficio tributario que consiste en una rebaja del Impuesto Global Complementario o Impuesto de Segunda Categoría (rentas del trabajo) correspondiente a 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de no haber terminado estudios. Este beneficio se extenderá por 20 años.

Tanto para FES como para el Plan de Reorganización y Condonación, la retribución se realizará a través de la Operación Renta, previo descuento mensual por planilla para trabajadores dependientes, y retención aplicada a boleta de honorarios en el caso de trabajadores independientes. El Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y el nuevo Servicio Ingresa estarán a cargo de este procedimiento.

Desde la Secretaría Regional Ministerial hemos podido conversar con diferentes personas y actorías en torno a este proyecto de ley. Hemos dialogado con deudores y deudoras, que en la región superan las tres mil cuatrocientas personas, con estudiantes que actualmente cursan estudios y cuentan con diversos tipos de financiamiento estudiantil, con gremios, dirigentes estudiantiles y autoridades universitarias, y la opinión común es de esperanza y de alta expectativa para que este proyecto pueda materializarse, pueda representar un alivio y una solución para personas que tienen deudas imposibles de asumir, para los estudiantes de hoy y mañana en el sistema de educación superior e incluso para las universidades públicas de región que verían un importante nuevo ingreso con este sistema. La comunidad espera que pueda existir consenso y acuerdo en el parlamento, ante una propuesta de gran significación social y que producirá un cambio altamente favorable al sistema de financiamiento de la educación superior. Como lo ha manifestado nuestro Presidente y nuestras autoridades del Ministerio de Educación, el objetivo central, junto con aliviar a los y las deudoras educacionales, es avanzar en mayor equidad para el desarrollo de nuestro país y que al incorporarse a la educación superior, los y las estudiantes que son presente y futuro de nuestra patria, sólo deban enfocarse en su desarrollo académico y profesional teniendo a la mano un mecanismo justo para materializar sus sueños y desafíos.