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Columna

El Último de la Fila

opinion
21/10/2024 a las 16:15
Pablo Oyarzo
801

Alicia Stipicic, Concejala de Punta Arenas

En el entramado burocrático que caracteriza a muchos gobiernos, existe una figura que, aunque a menudo pasa desapercibida, tiene un impacto significativo en la economía y el desarrollo: el funcionario que dilata los trámites. 

Este personaje, que puede parecer un simple engranaje en la máquina administrativa, se convierte en un obstáculo crucial para la inversión privada y, por ende, para la generación de empleo.

La burocracia, en su esencia, debería facilitar el funcionamiento del Estado y la relación con los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, en la práctica, muchos funcionarios adoptan una actitud defensiva, convencidos de que la mejor manera de evitar problemas es retrasar decisiones y trámites. Esta estrategia, lejos de proteger a la administración pública, termina por perjudicar a la economía en su conjunto.

Está Situación la hemos vista con la inusitada demora en resolver la reubicación de las salmoneras fuera de los parques nacionales. Esta inusitada demora  deja en jaque a miles de personas que hoy trabajan en el rubro que más recuerdos genera a las arcas fiscales en Magallanes y que no puede adoptar decisiones a largo plazo por la inercia del aparato burocrático, algo que también trasciende al Hidrógeno Verde, donde a Diario el Presidente llama a avanzar en la instalación de esta forma de generación de combustibles limpios, pero sus funcionarios lisa y llanamente no le hacen caso, llenando los procesos de trabas burocráticas.
Cada día, cientos de inversores se ven atrapados en un laberinto de formularios, requerimientos y aprobaciones que parecen no tener fin. Mientras esperan un simple permiso para iniciar sus proyectos, no solo pierden recursos valiosos, sino que también desincentivan la creación de nuevos empleos. Cada día que un proyecto se retrasa significa oportunidades perdidas para muchas familias que dependen de un trabajo estable y bien remunerado.

Lo más preocupante es que esta dilatación no responde a un interés legítimo de revisión o análisis exhaustivo. Muchas veces, se basa en la falta de capacitación, en el miedo a tomar decisiones o incluso en la corrupción. En algunos casos, los funcionarios se sienten tan abrumados por la carga de trabajo que optan por postergar lo que podría ser una simple aprobación. En otros, la falta de incentivos para cumplir con eficiencia su labor les lleva a adoptar una postura de “mejor no hacer nada”.

Es fundamental que las administraciones públicas reconozcan el papel crucial que desempeñan en la promoción de un entorno favorable para la inversión. Esto implica no solo la implementación de procesos más ágiles y transparentes, sino también la capacitación continua del personal. Los funcionarios deben ser empoderados para tomar decisiones eficaces y rápidas, entendiendo que su labor no es solo un trámite, sino una contribución directa al bienestar económico del país.

Además, es urgente establecer mecanismos de rendición de cuentas que penalicen la dilación injustificada. La impunidad que rodea a estos funcionarios debe ser erradicada, y los inversores deben tener la posibilidad de denunciar situaciones que afecten su capacidad de operar. 

El cambio comienza desde arriba. Los líderes de las instituciones deben marcar un compromiso claro hacia la eficiencia y la proactividad, creando una cultura que valore la reducción de trámites innecesarios y la facilitación de procesos. Solo así el último de la fila podrá convertirse en un aliado de la inversión privada y, en consecuencia, de la generación de empleo.
Es hora de romper con la inercia burocrática que ha prevalecido en este Gobierno. La economía de nuestro región  y el bienestar de nuestra sociedad no pueden seguir siendo sacrificados en el altar de la lentitud y la ineficiencia. Necesitamos un cambio radical en la forma en que se gestionan los trámites y permisos. 

Hacemos un llamado a todos el aparato público : ¡conviértanse en impulsores del desarrollo! Su papel es fundamental para fomentar un entorno donde la inversión privada florezca y, con ella, la generación de empleo y oportunidades para todos. Cada uno de ustedes tiene el poder de transformar la burocracia en un aliado del progreso, facilitando procesos y tomando decisiones que beneficien a la comunidad.

No más dilaciones injustificadas ni obstáculos innecesarios. Es momento de actuar con determinación y compromiso, de priorizar el interés colectivo sobre la comodidad personal. El futuro de nuestros jóvenes  depende de la proactividad y la eficiencia en el servicio público. Juntos, podemos construir un camino hacia una región más dinámica y próspero. ¡El cambio comienza ahora!

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