En el marco del caso Manuel Monsalve, este lunes se supo que distintos funcionarios del Ministerio Público -a lo largo del país- tuvieron acceso a la carpeta investigativa de la denuncia por abuso sexual y violación.

Recordemos que dicha carpeta contempla documentos como testimonios y también los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal (SML).

Según consignó La Segunda, el hecho se descubrió mediante un sistema implementado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, que permite hacer una trazabilidad de quien accede a la información.

Lo anterior, con nombre y apellidos, además de la región a la que corresponde. Por esta situación, se inició una investigación interna y una causa penal desde la Fiscalía Centro Norte.

A la vez, según el mismo medio antes citado, en dicha Fiscalía liderada por el fiscal Xavier Armendáriz -que es quien está a cargo de la indagatoria en contra del exsubsecretario Monsalve- existe desconfianza por otras razones.

Lo que incrementa la desconfianza en la Fiscalía Centro Norte no son solo las filtraciones de esta causa, sino los antecedentes que manejaba el Gobierno desde el martes 15 de octubre por la tarde, luego de que el director de la PDI, Eduardo Cerna, informara a la ministra Tohá sobre la indagatoria que envuelve al exsubsecretario Monsalve, esto, a pesar de que mantiene carácter secreto al tratarse de delitos de connotación sexual. 

La situación escaló luego del extenso punto de prensa que brindó el Presidente Gabriel Boric el pasado viernes en Lampa, donde confirmó que Monsalve solicitó a funcionarios de Inteligencia de la PDI visitar el hotel donde se hospedaba en Santiago y revisar los videos de las cámaras de seguridad del 22 de septiembre, día en que la víctima asegura ocurrió el delito, con el objetivo de conocer el estado en el que llegó hasta el Hotel Panamericano. 

A menos de una semana de que explotara el caso, se sabe que el equipo de la Centro Norte limitó la entrega de información a la PDI sobre el caso que envuelve a Monsalve, exautoridad que además podría enfrentar cargo por mal uso de la Ley de Inteligencia y obstrucción a la investigación.