Un nuevo capítulo sumó la investigación por el Caso Fundaciones, arista Pro Cultura, en la región de Magallanes: de acuerdo a información a la que pudo tener acceso El Pingüino, la administradora de la municipalidad de Porvenir, Valentina Millán, y el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) de la misma comuna, Francisco Rudolph declararon en calidad de imputados.

Fuentes apuntaron a que esta misma acción judicial habría ocurrido durante la jornada del día martes. Además, misma suerte correría el edil de la comuna, José Gabriel Parada, pero este miércoles, y bajo las mismas condiciones. Es decir, en calidad de imputado. 

Por lo pronto, las declaraciones de ambos imputados habrían ocurrido en distintas jornadas: uno el lunes, otro el martes. 

Antecedentes

Fue el 25 de marzo de 2022 que vía decreto alcaldicio se aprobó el convenio de la municipalidad de Porvenir con la Fundación ProCultura. Luego, en junio del mismo año, se suscribió un convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (vía Secretaría Regional Ministerial) con Porvenir, en el marco del programa Pequeñas Localidades. Luego, en agosto, vía decreto alcaldicio (el 0824) se aprobó la transferencia de recursos para implementar el convenio el 17 de ese mismo mes por más de $52 millones, además de los sueldos de dos profesionales por más de $38 millones, y otros gastos de implementación de más de $14 millones.

En octubre, se invitó al servicio especializado de ProCultura a realizar una oferta y cotización de los servicios del primer año del Programa Pequeñas Localidades. Entonces fue que, vía portal de Mercado Público, se recibió la oferta. 

En noviembre de 2022, en un acuerdo del Concejo Municipal (el número 33) se aprobó el desarrollo de estas vía trato directo. En diciembre se suscribió el contrato. 

De allí, tras un diagnóstico de la localidad vía encuesta, en mayo de 2023 se entregaron los resultados al Minvu. En julio de ese año se modficó por primera vez el convenio, extendiendo la ejecución hasta octubre de 2023. Finalmente, en el mes de noviembre, se obtuvieron los resultados de los actores locales que iban a participar, así como también el diagnóstico final del programa, los que fueron entregados al Minvu a principios de ese mes. 

Lo que consideraron desde la municipalidad fue que Procultura se presentaba como una fundación sin fines de lucro, con participación nacional, que tenía como fin promover e incentivar la difusión, el desarrollo y el crecimiento de la cultura nacional. 

Ahora bien, de acuerdo a un oficio de la municipalidad al Concejo Municipal en diciembre de 2023, se hizo un traspaso de cerca de $4 millones 500 mil a la implementación del programa, y de $30 millones al gasto de sueldos a la fecha. Considerando lo destinado, hay $17 millones que no se habrían llegado a transferir en este contrato. 

En el mismo informe se señala que “con fecha 14 de noviembre, la fundación solicitó por correo electrónico una reunión con el director de Secplan, donde se informa de manera extraoficial, que la fundación Procultura no continúa con el programa Pequeñas Localidades, por motivo del cese de funciones de la fundación, donde a la vez solicitan poder contratar a las profesionales para dar continuidad al programa. Posterior a la reunión sostenida por el director Secplan, se solicitó un documento oficial de parte de los representantes legales de la fundación para oficializar el proceso, a la vez se solicitó informar la desvinculación de las profesionales contratadas, informando que se estima dar continuidad por parte del municipio a la dupla contratada bajo modalidad de honorarios”.

Luego de ello, se contrató a las profesionales Carmen Sekulovic Mattus, trabajadora social, y Noemí Pacheco Muñoz. Cierra el oficio (para ese entonces):

“El programa continúa en completa normalidad por parte del municipio y ejecutado por este mismo, y que en ningún caso la no continuidad contractual con la Fundación ProCultura, afecta a los procesos y trabajos que han realizado las profesionales del programa, cumpliendo a cabalidad con todo lo estipulado en el convenio de implementación”. 

El oficio lleva la firma del alcalde.