Podría ser paradojal que reflote cada tanto la problemática de alcantarillado y acumulación de desechos biológicos humanos en Pampa Redonda, el periurbano de Punta Arenas. El sábado pasado, sin ir más lejos, autoridades de la Gobernación Regional, de la municipalidad y el propio delegado presidencial regional, participaron de una reunión con residentes del sector, agrupados en la Junta de Vecinos N°42. Tras el encuentro, se comprometió coordinar una mesa de trabajo para sistematizar competencias, tareas y tiempos. 

En paralelo al problema y respectiva solución inmediata que los convocó, hay también un acuerdo, que corre por sí solo, entre el Gobierno Regional y Aguas Magallanes para resolver lo de las tuberías subterráneas, pero implica estudios y al menos dos años para su ejecución

La arista política de este embrollo está, cómo no, en las responsabilidades. Había representantes del Parlamento ese día, del Gobierno central, del Gobierno Regional, del gobierno comunal, y pareciera ser que la búsqueda de alguien que se hiciera cargo iba de un lado a otro. 

En el Consejo Regional del lunes 11 de noviembre, el tema lo presentaron de forma tangencial algunos consejeros, apuntando al encuentro pasado que movilizó al aparato estatal en sus distintas expresiones. El gobernador Jorge Flies aseguró haber participado de 10 encuentros con tonos similares; que el crecimiento de la población en la región ha ido más rápido que la respuesta que pudiera dar el Estado; y que no hay una respuesta inmediata, al menos en lo que alcantarillado (y servicio básico) respecta. 

La resolución N°700 del Gobierno Regional del año 2023, fechada el día 7 de diciembre, con firma de Flies, señala en el considerando número nueve: “Que acorde a lo anterior, la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, elaborará un Manual de Procedimientos de gestión de iniciativas de inversión en servicios básicos en materias de electrificación rural, gas y saneamiento sanitario (agua potable, alcantarillado tratamiento y disposición de aguas servidas), con la finalidad de que el GORE cuente con prácticas de gestión sistemáticas para implementar planes, programas y proyectos de infraestructura y transporte de acuerdo a sus competencias legales, en consideración a que a la fecha cuenta con prácticas de gestión rutinarias”. 

Resolución

En la resolución, se aprobó la creación de este manual que apunta paso por paso cómo se financiarán estos proyectos, los pasos que dar e, incluso, de dónde vendrá el dinero: del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que, como proyectos, “deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad”, se lee en el mismo documento.

En el párrafo siguiente, se precisa que los proyectos como el alcantarillado “serán canalizados por el Servicio de Gobierno Regional, como institución formuladora, directamente con las empresas distribuidoras de servicios básicos, en atención a los mayores costos y tiempos que significa la ejecución de los diseños de ingeniería, obras civiles y contratación de asesorías a la inspección técnica de estas, por la vía del mandato a terceros”.

Las competencias del GORE, señala luego, son: “Evaluar técnicamente los proyectos de infraestructura y equipamiento regional; la formulación de iniciativas de infraestructura pública, y Gestionar y controlar las obras civiles de iniciativas de las provisiones de Electrificación Rural, Saneamiento Sanitario, Puesta en Valor del Patrimonio, entre otras”.

En línea con el debate actual, podría ser parte también de las “Glosas Comunes para los Gobiernos Regionales”, que permite entregar subsidios o aportes a las empresas de los respectivos sectores “para proyectos de inversión de interés social”. Y hay más, pues a la fecha de la firma del decreto, “este Gobierno Regional ha concluido una serie de reuniones con los niveles gerenciales de las empresas distribuidoras de gas natural, electricidad, agua potable y alcantarillado, con las cuales se ha acordado trabajar en forma conjunta, haciendo uso de todas las herramientas legales que permiten al Gobierno Regional avanzar directamente a solucionar estos problemas”. 

“Por lo anterior, este Gobierno Regional conforme a los antecedentes y a la priorización de iniciativas que hacen llegar desde los Municipios de cada comuna de la Región, trabaja en conjunto con las empresas distribuidoras”, se lee al cierre de la sección.

Aguas Magallanes

Desde Aguas Magallanes señalaron en un comunicado: “Las redes de recolección de aguas servidas junto con las uniones domiciliarias de las viviendas son responsabilidad del urbanizador, en cuanto a los proyectos y su financiamiento, y no de la concesionaria de Servicios Sanitarios, en este caso Aguas Magallanes”.

Sigue: “Esto implica que son terceros (el interesado particular, como por ejemplo Inmobiliarias, Gobiernos Regionales, Municipios, Urbanizadores en General, Organizaciones Privadas, entre otros) quienes deben hacerse cargo del desarrollo y financiamiento de las instalaciones sanitarias; entre ellas: los colectores de sistema de recolección de aguas servidas y las conexiones necesarias contempladas en su proyecto. Por lo que sólo es responsabilidad de Aguas Magallanes entregar un punto de conexión en las redes públicas existentes, para el nuevo proyecto de alcantarillado”.

En otras palabras, y reforzando la idea, Aguas Magallanes debe velar por revisar que se cumplan “los parámetros exigidos por la legislación”, y que la infraestructura “cumpla con el estándar para una adecuada prestación de servicios en cuanto a calidad y continuidad”.

Aunque de la misma sanitaria pusieron una lista de problemas que significa el sector Pampa Redonda: “Caminos vecinales que no tienen el carácter público, sector que no cuenta con urbanizaciones como las descargas de aguas lluvias, zonas tipificadas como indudable en el plan regulador comunal vigente, además de una topografía compleja e inexistencia de factibilidad eléctrica para instalaciones sanitarias”.

Seremi de Salud

En abril pasado, la secretaría regional ministerial (Seremi) de Salud, Francisca Sanfuentes firmó la actualización de declaración de zona de riesgo sanitario en Pampa Redonda, vigente desde junio de 2023. En ese entonces, ya se había dado cuenta, vía informe técnico de los propios funcionarios de salud, de la situación: por ejemplo, que en mayo de 2022 se había concluido la construcción de un colector de aguas servidas; o que la mayoría de las viviendas del sector no contaban con autorización sanitaria para sus sistemas particulares de alcantarillado; o que en junio de 2019 se había hecho una visita inspectiva en el mismo sector, donde se verificó el “escurrimiento de líquidos de aguas subterráneas y se concluyó que se requería construir un colector de aguas servidas”; o que en mayo de 2023 ya habían señalado que había que “priorizar la construcción de un colector de red pública y que los organismos y servicios públicos competentes establezcan las medidas de mitigación destinadas a contener el impacto sanitario de la situación descrita”.

Quizás lo más desalentador es que, según señalan en el documento, “a la presente fecha las condiciones del sector se mantienen ya que esta autoridad sanitaria no ha recepcionado documentación o información de cambios que se hubieran realizado en el sector de algún proyecto de mejoramiento de la disposición de aguas servidas de las viviendas del sector Pampa Redonda”.

En agosto pasado, fue la Delegación Presidencial Regional la que salió al paso de la acumulación de aguas servidas en esa parte de la capital regional. La resolución exenta N°557 aprobó la contratación de limpieza de pozos y fosas sépticas. El costo total fue de $45.772.160. 

Tema en el Congreso

El senador Alejandro Kusanovic llevó el tema al Congreso. En la comisión de Vivienda dijo que “se necesita urgente un mayor compromiso de las autoridades competentes con los serios problemas que están afectando a los habitantes de Pampa Redonda, especialmente soluciones que permitan acelerar los proyectos para contar con un sistema de alcantarillado y la urbanización del sector. Proyectos, que se han demorado excesivamente producto de errores, descoordinaciones y promesas incumplidas”, enfatizó apuntando a Vivienda y Urbanismo.