En marzo del año 2013, dos reos de la cárcel de Punta Arenas se vieron involucrados en una grave situación que terminó con ambos siendo trasladados al Hospital Clínico.
Habían, al interior del penal, preparado un trago (el llamado “Pájaro verde”) que les provocó una intoxicación, llevando a uno de ellos a la muerte.
Pero no todo fue así. Ante esto, la familia de la víctima interpuso acciones legales contra el recinto hospitalario, acusando una negligencia médica. El argumento fue que el diagnóstico y procedimiento estuvieron errados, ya que no se trató de una intoxicación etílica sino de una intoxicación por hidrocarburo (diluyente).
La acción generó el inicio de un sumario interno y una investigación paralela por parte de la Fiscalía de Punta Arenas, continuando con todos los procesos judiciales y civiles correspondientes.
De acuerdo con lo expuesto por el abogado querellante, Juan Srdanovic Arcos, “en este caso estamos ante la falta de servicio por personal del Hospital Clínico de Magallanes durante la atención al padre de mi patrocinada, en especial a lo que respecta a su primera atención del 23 de marzo. Consta en la hoja DAU (Dato de Atención de Urgencia) un diagnóstico de ingesta de diluyente, por lo que no se tomó acción alguna para salvaguardar la salud del paciente y se trató el caso como ingesta de alcohol etílico”.
Agregó que al considerarse la situación como “mero estado de ebriedad” el paciente fue nuevamente remitido a la unidad penal, retornando al recinto hospitalario horas más tarde llevado por funcionarios de Gendarmería ante un estado que requería de urgente atención.
“Se intentó lo posible por él en la segunda visita, sin perjuicio de la evidente falta de camas con ventilador en dicho centro de salud, por lo que falleció”, lamentó el abogado.
Agregó que todos los antecedentes de la atención fueron respaldados en las hojas de atención respectivas, lo que fue determinante a la hora de una decisión judicial en favor de la familia.
De esta manera, la Corte Suprema confirmó que el Hospital Clínico de Magallanes deberá pagar
$60.000.000 de indemnización por concepto de daño moral.