La Contraloría General de la República ha tomado razón del reglamento de la Ley 21.553 sobre Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como “Ley Uber”.
Este acto administrativo histórico habilita la próxima entrada en vigencia de la normativa, que formalizará el funcionamiento de plataformas digitales de transporte como Uber, Didi, Cabify e InDrive. El reglamento será publicado en el Diario Oficial, tras lo cual correrá un plazo de 30 días antes de que la ley comience a regir en todo el territorio nacional.
Implicaciones y requisitos
Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, “esta ley regula una industria que ya tiene cobertura nacional y establece requisitos que permitirán una competencia más justa y una operación más segura en el sector”.
Entre las principales exigencias de la normativa, destacan la obligatoriedad de licencia profesional para los conductores y la inscripción de los vehículos en un registro nacional, bajo estrictos estándares técnicos.
Los vehículos deberán tener una cilindrada mínima de 1.400 cc o su equivalente, además de cumplir con requisitos como antigüedad máxima de 10 años, inspecciones técnicas visuales y seguros de responsabilidad civil por al menos 500 UF.
Asimismo, el reglamento establece que los conductores podrán registrarse por un periodo limitado de 180 días tras la entrada en vigencia, cerrándose posteriormente por un lapso de 18 meses.
Objeciones a la norma
No obstante, el reglamento también ha generado preocupaciones en el sector. Federico Prada, gerente general de Uber Chile, expresó que un 35% de los socios conductores actuales podrían quedar excluidos de la plataforma debido a las restricciones impuestas por la ley, como las exigencias de antigüedad y cilindrada de los vehículos.
“Nos preocupa que esta regulación no considere la realidad de la industria ni su impacto económico. El reglamento tendrá efectos negativos en el empleo y, progresivamente, en el acceso a la movilidad y conectividad en todo Chile”, afirmó Prada.
Además, según Uber, los niveles de información que deben ser compartidos con las autoridades podrían transgredir acuerdos internacionales de protección de datos a los que Chile está adherido. Esta preocupación fue reafirmada por Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza IN Chile, quien no descartó recurrir a instancias internacionales para revisar la normativa.
La implementación de la Ley Uber abre un debate amplio sobre el equilibrio entre regulación, inclusión laboral y seguridad en el transporte. Mientras el Ministerio de Transportes destaca los beneficios de la formalización del sector, los actores de la industria han planteado interrogantes importantes sobre su impacto social y económico.
Se espera que el diálogo continúe una vez la ley entre en funcionamiento, con miras a realizar ajustes conforme se observen sus efectos en el mercado y en la población chilena.