La exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, compareció ayer ante la comisión investigadora que indaga la fallida compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende. Hasta ahora, Sandoval ha sido la única en asumir responsabilidades por el caso, tras dejar el cargo en enero de este año. A ello se suma la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y, posteriormente, la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional.

Respecto de las alertas levantadas en el ministerio, Sandoval explicó que el trabajo fue realizado junto a los exasesores de la Presidencia Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, y que desde Presidencia se le indicó que el Ministerio de Bienes Nacionales tenía solo un rol administrativo en el proceso. En esa línea, Sandoval señaló que “los jefes de gabinete de Cultura como de Bienes Nacionales advirtieron posibles conflictos de interés o aristas políticas que debían ser abordadas en este proceso. Se les dice en esa primera instancia que son temas que se van a ver en el desarrollo de la tarea, pero que se van a comunicar con las respectivas ministras para informarles que esta tarea va hacia adelante, porque hay un presupuesto asociado, un presupuesto que la ejecución presupuestaria debía hacer antes de fin de año. En ese sentido, después las segundas aprehensiones desde el ministerio que me levantan los equipos técnicos son los plazos”. 

Observaciones

Agregó que hubo “observaciones de parte del equipo de Bienes Nacionales, que no tenían que ver solo con los aspectos administrativos respecto a los plazos, sino también con aristas comunicacionales, aristas también políticas y aristas jurídicas, que se referían principalmente a temas de conflicto de interés”. No obstante, recalcó que “nunca se mencionaron dentro de estas advertencias las inhabilidades constitucionales. Eso no estuvo dentro del arco de advertencias que circuló en el Ministerio de Bienes Nacionales”. 

En lo jurídico

Respecto al ámbito jurídico, Sandoval explicó que las advertencias fueron levantadas por la división jurídica de la cartera, a cargo de la abogada Macarena Diez, donde se identificaron posibles casos de “negociación incompatible” y “conflicto de interés”. Una vez conocidas estas advertencias, Sandoval indicó que ordenó gestionar una reunión con los asesores de Presidencia, “de manera de que les quede claro nuestra postura frente al trámite, entendiendo que el rol acotado de Bienes Nacionales era ejecutar la administración de este acto”, declaró ante la comisión. 

En ese marco, el diputado Gustavo Benavente (UDI) advirtió que “si alguien habla de negociación incompatible a un abogado de inmediato se le prende la alerta. La negociación incompatible es un delito, no es lo mismo que decir conflicto de interés, que es un término a lo mejor conceptual, es un delito, y si yo escucho a un funcionario público, que alguien me habla de negociación incompatible, de inmediato digo o me inhabilito aquí o hago la denuncia respectiva”. 

Agregó que “la negociación incompatible es además un delito bastante complejo porque es un delito que no es de resultado, es de peligro. Consiste en que una persona se interesa en un contrato, nada más, ahí se configura el delito”.