En Magallanes un total de 5.980 funcionarios públicos salieron del país estando con licencias médicas en sus respectivos trabajos y funciones. Esta situación, que generó el repudio de la comunidad en general, ha derivado en una serie de acciones adoptadas por algunos municipios. 

La indignación llegó a tal punto, que el abogado magallánico Robinson Quelín tomó la determinación de presentar una acción legal contra estos funcionarios, sumándose a la denuncia que ya había sido presentada ante la Fiscalía, buscando que se investiguen estos hechos. 

En conversación con Pingüino Multimedia, el abogado explicó que “nuestra oficina interpuso una querella criminal por fraude al fisco en contra de las 5.980 personas que salieron de la Región de Magallanes estando con licencia médica, todo en virtud de los antecedentes que entregó la Contraloría General de la República. Se ingresó la querella ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y se pide la aplicación de las penas respectivas”. 

El inicio del escrito, señala que “vengo en interponer querella criminal por los delitos establecidos en los artículo 239 y siguientes del Código Penal, artículo 202 y pertinentes del Código Penal en relación al artículo 509 del Código del Trabajo, artículos pertinentes de ley 20.585., y todas las normas y leyes especiales que sean procedentes, en contra de: todos quienes resulten responsables, en cualquier grado de ejecución, tanto sea como autores, cómplices y/o encubridores, y en cualquier de sus grados de desarrollo, tanto sea, consumado, tentado o frustrado, especialmente en contra de 5.980. funcionarios públicos que salieron y entraron a la Región de Magallanes entre los años 2023 Y 2024, de acuerdo a la información recabada por la Contraloría General de la República y el Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Hechos 

Los hechos que acompañan la querella presentada por el estudio jurídico de Robinson Quelín señalan lo siguiente: “Es un hecho público y notorio lo que informó la Contraloría General de la República el día 20 de mayo de 2025, a través de los medios de comunicación nacionales, regionales y locales, además, de las redes sociales, lo que causó estupor, indignación y conmoción en la ciudadanía, y consecuencialmente, por la afectación en el patrimonio fiscal estatal que trae aparejada la situación dada a conocer, puesto que, sin lugar a dudas, genera un gran perjuicio para la población de la Región de Magallanes y para el país, toda vez que los desembolsos realizados con el pago de los subsidios de incapacidad laboral, precisamente corresponden mayoritariamente al erario nacional de Fonasa, dineros que podrían haber sido destinados de forma legal, regular y de acuerdo a la Constitución y la ley, al querellante, su familia, y todos los ciudadanos y habitantes de nuestro país, para el financiamiento de las políticas públicas en áreas tan sensibles como en el sector salud pública; que también es un hecho público y notorio acerca de las carencias graves que existen en todo el territorio, lo que para el caso de autos no podrá ocurrir, por el actuar ilegal de los querellados, lo que es evidente de acuerdo con la información y documentación que se compulsa, y que se acompaña en un otrosí de esta presentación”.

Recordemos que las municipalidades de Punta Arenas y Puerto Natales anunciaron que concurrirían a la Fiscalía para que se investiguen estos hechos, considerando que las corporaciones de estas entidades destacan en el listado de la investigación.