Un reciente análisis de los gastos estatales ha revelado cifras alarmantes sobre el pago de horas extras a funcionarios públicos. Según los datos recopilados entre 2022 y 2025, algunos empleados estatales han recibido hasta $11 millones anuales solo por concepto de extensión de jornada, generando controversia sobre la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos fiscales.

El funcionario con el mayor monto registrado fue un abogado del Ministerio de Salud, quien durante el año 2024 acumuló un total de $11.873.060 en pagos por horas extras. Cada mes, el profesional sumó 40 horas diurnas y 16 horas nocturnas, lo que se tradujo en un ingreso adicional cercano a $1 millón mensual, además de su sueldo base de $4,7 millones brutos.

Sin embargo, no es el único caso que genera inquietud. Otros funcionarios también recibieron pagos millonarios por horas extraordinarias. Entre ellos destaca el conductor del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien percibió $11.825.116 en 2024, realizando 40 horas diurnas y un promedio de 49 horas nocturnas mensuales. En tercer lugar, el chofer del subsecretario de Educación acumuló $10.782.712 en el mismo período.

Falta de controles y abusos en el pago de horas extra

Según la Ley 19.104, los funcionarios públicos pueden realizar hasta 40 horas extra diurnas mensuales, salvo excepciones como fenómenos naturales o emergencias nacionales. Sin embargo, el análisis reveló que entre marzo de 2022 y marzo de 2025, 67 funcionarios de planta excedieron el límite, mientras que 388 contratados también superaron la cantidad permitida.

Este panorama ha generado preocupación en distintos sectores, con llamados a una mayor fiscalización y cambios urgentes en la normativa vigente para evitar el mal uso de los recursos públicos.

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, fue contundente en su crítica: “Lamentablemente, en Chile se perdió hace años el control sobre este tema y muchas otras situaciones. La ausencia de sanciones ejemplarizantes ha generado una serie de abusos, particularmente en el sector público, aunque el privado tampoco está exento”, señaló.

Asimismo, cuestionó la planificación laboral dentro del Estado: “Surgen múltiples interrogantes: ¿Se utiliza eficientemente la jornada laboral ordinaria? ¿Eran realmente necesarias esas horas extras? ¿Contamos con la dotación adecuada de personal, tanto en cantidad como en perfiles calificados? Con frecuencia observamos que se recurre a contrataciones externas para realizar labores que corresponderían a funcionarios de planta, otra situación que es inaceptable”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Christian Matheson expresó su indignación por el tema, apuntando directamente al manejo del actual gobierno: “Es lamentable que quienes decían venir a mejorar la política y tener una calidad moral superior a todos sus antecesores, cada semana nos den muestra de un nuevo hecho de corrupción. Habrá casos en que corresponda el pago de horas extraordinarias, pero si comparamos la eficiencia del gobierno con el exceso de horas extras pagadas, es muy difícil justificarlo. Esto más parece un pago de favores políticos, pasando a llevar la normativa vigente, algo a lo que el actual gobierno ya nos tiene acostumbrados”, acusó.

Otro escándalo: licencias médicas

La diputada Javiera Morales añadió otro dato preocupante a la discusión: “Estos últimos días hemos conocido dos noticias bastante complejas para quienes creemos que el Estado tiene un rol indiscutible en la prestación de servicios públicos. ¿Cómo es posible que 25.000 funcionarios con licencia médica en todo Chile hayan salido del país mientras debían estar recuperándose? Personas a las que se les paga su sueldo, no como en el sector privado, y que además deben ser reemplazadas para poder prestar servicios de salud, educación y seguridad”, denunció.

En relación con el pago excesivo de horas extraordinarias, Morales anunció medidas inmediatas para esclarecer la situación. “He solicitado como parlamentaria por la región de Magallanes, dado que nuestra zona está dentro de las regiones con mayor mal uso de estos beneficios, una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas. En ella se deberá detallar cómo se va a sancionar y reintegrar estos fondos públicos y qué medidas se van a adoptar hacia el futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir”, adelantó.

Urgen cambios estructurales

Ante el creciente malestar ciudadano, diversos sectores han insistido en la necesidad de modernizar la administración del Estado, actualizar la legislación laboral y establecer normas claras que rijan por igual para todos los ciudadanos.

El senador Kusanovic concluyó señalando: “Necesitamos normas claras y uniformes para todos los chilenos, sin distinciones que generen categorías de primera, segunda o tercera clase entre ciudadanos”.

Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en el pago de horas extraordinarias continúa generando indignación, y cada vez son más las voces que exigen respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades.

Pingüino Multimedia se contactó con personeros de gobierno y de la ANEF, quienes no respondieron a las consultas ante dicha revelación.