Llegar a 50 años de matrimonio no es sólo un logro familiar o personal. Y es que más allá del compromiso, el amor y la responsabilidad, quienes ven a la familia como la célula fundamental de la sociedad encuentran en estas parejas un ejemplo a seguir y un testimonio de que aún en contra de las dificultades es posible lograr el “felices para siempre”.

Fue por esta razón que el Estado de Chile, bajo el primer mandato del exPresidente Sebastián Piñera, estableció un cronograma para que todos aquellas parejas que al 1 de enero de 2010 tenían más de 50 años de matrimonio pudiesen acceder al “Bono Bodas de Oro”, en forma gradual y por única vez.

Para esto, los cónyuges no deben estar separados de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley N° 19.947, de Matrimonio Civil y, a su vez, la pareja debe integrar un hogar perteneciente a los cuatro primeros quintiles, de acuerdo con la Ficha de Protección Social.

En todo caso y a pesar de todo lo que representan estos requisitos, solo hasta el 2020 más de medio millón de chilenos habrían gozado de este bono y, en días pasados, se conoció que tanto éste como otros beneficios se encuentran bajo una acuciosa evaluación por parte del Ejecutivo específicamente desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, para analizar su pertinencia en favor de buscar nuevas formas de eficientar el gasto de los recursos públicos.

Así lo confirmó en su visita a Magallanes la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en el marco de la entrega de 25 viviendas tuteladas, precisamente a adultos mayores, grupo etáreo que resultaría como el principal perjudicado en caso de la derogación de este beneficio.

“Desde el gobierno, nuestro ministerio, siempre vamos a estar trabajando por el mejor uso de los recursos públicos y por eso hay procesos de evaluación de los distintos programas sociales y de las transferencias monetarias”, señaló Toro, argumentando que en general la evaluación de los distintos bonos que existen, ha tenido buenos resultados.

Sin embargo, la titular de la cartera afirmó que lo que está detrás de estas evaluaciones “en ningún caso significa estar en contra de bonos y transferencias, sino que debemos fortalecerlo respecto de decisiones específicas, el gobierno las está evaluando, el Ministerio de Hacienda lo ha señalado y cuando existan decisiones, por supuesto que serán comunicadas por los organismos pertinentes”, quedando en suspenso la continuidad de este programa social.

Asimismo, aprovechó la instancia para apuntar a la oposición, aludiendo a los anuncios de “una candidata presidencial” de generar recortes de de 6.000 millones de dólares que, según la ministra, representarían cuatro veces el presupuesto de la cartera a su cargo.

“Nosotros defendemos la protección social, a diferencia de lo que hacen otros sectores políticos que hoy día están llamando a grandes recortes del presupuesto, recortes de 6.000 millones de dólares que se anuncian por una candidata presidencial significarían cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, enfatizó Toro.

Por su parte, desde la oposición, el subjefe de la bancada UDI, Felipe Donoso, junto a la diputada Natalia Romero acusaron de incomprensible que el Ejecutivo esté castigando a “las personas más vulnerables de nuestro país, que son los adultos mayores, para tratar de cumplir con la regla fiscal y hacer más eficiente el gasto público”.

Concluyeron afirmando que si se quiere mejorar el uso de recursos pueden hacerlo, suspendiendo la contratación de operadores políticos.