El diputado por la Región de Magallanes, Christian Matheson, reiteró su llamado al Gobierno para que califique con urgencia “suma” el proyecto de ley que presentó en mayo de 2023, cuyo objetivo es fortalecer la fiscalización de los requisitos legales que deben cumplir quienes postulan a cargos de elección popular.

La iniciativa legislativa busca que el Servicio Electoral (Servel), en el ejercicio de sus facultades legales y bajo el principio de colaboración entre organismos del Estado, pueda requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación -mediante oficio o sistemas interconectados- los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos a los candidatos.

En particular, el proyecto plantea que el Servel tenga acceso al “extracto de filiación”, un documento oficial que contiene información sensible sobre condenas, incluso aquellas que el titular haya solicitado eliminar del certificado de antecedentes penales. Esta medida apunta a evitar que personas con inhabilidades legales puedan inscribirse como candidatos sin que sus antecedentes sean debidamente revisados.

“El propósito es elevar los estándares con que el Servel examina las candidaturas, entregándole nuevas herramientas para ejercer un control más riguroso sobre los antecedentes legales de los postulantes”, explicó Matheson.

El legislador subrayó que la propuesta también apunta a reforzar las atribuciones del director del Servel, facilitando la celebración de convenios con otros organismos públicos y permitiendo el requerimiento directo de información relevante para el cumplimiento de sus funciones.

“El Servel tiene como misión garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral. Este proyecto va en línea con ese mandato, y ayuda a prevenir que personas que están inhabilitadas por ley logren participar en elecciones sin que se detecte a tiempo”, agregó el diputado.

Finalmente, Matheson recordó un caso reciente que motivó la presentación de esta propuesta: “Lo que no queremos que vuelva a suceder es que, como ocurrió con el Consejo Constitucional, personas con prohibiciones legales logren postularse sin que se haya hecho una verificación efectiva de sus antecedentes. Este proyecto busca cerrar esa brecha y proteger la integridad del proceso democrático”.