Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bride), en coordinación con el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas, detuvieron el viernes a un ciudadano extranjero que intentó abordar un vuelo utilizando documentación presuntamente adulterada.

El procedimiento se desarrolló en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, luego de que una funcionaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detectara una irregularidad durante el embarque.

El sujeto de 42 años de edad y nacionalidad venezolana, presentó en primera instancia una cédula de identidad venezolana con su fotografía, pero a nombre de José Alexis López Maldonado. Sin embargo, la tarjeta de embarque estaba a nombre de Marco Antonio Pestana Salazar.

Al ser consultado, el hombre extrajo un segundo documento, también venezolano, esta vez con su fotografía y a nombre de Marco Antonio Pestana Salazar. La presencia de dos cédulas distintas, pero con la misma imagen, alertó a la funcionaria que informó de inmediato al personal de la PDI, iniciándose un procedimiento por el presunto delito flagrante de uso malicioso de instrumento público.

La inspectora Bárbara Figueroa explicó que el imputado fue detenido en flagrancia por “haber presentado un documento de identidad presuntamente falso ante funcionarios de la DGAC”. Además, se incautaron ambos documentos para su análisis.

Ayer en la mañana, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde la fiscal Wendolin Acuña formalizó la investigación en su contra, imputándole los delitos de usurpación de identidad y uso malicioso de documento público.

Como medidas cautelares se decretó su arraigo nacional y firma quincenal en la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, con su primera comparecencia fijada para el viernes 18 de julio.

El plazo de investigación se fijó en 90 días, debido a la necesidad de recabar antecedentes en el extranjero respecto de la documentación involucrada.

Finalmente, el tribunal ordenó su libertad con la obligación de informar cualquier cambio de domicilio durante la investigación.