La reciente compra de un inmueble en la Región de Magallanes por parte del Gobierno Regional a un juez, seguida de una transacción aparentemente vinculada a un familiar del Gobernador, ha encendido las alarmas en torno a la ética del servicio público. Este episodio trasciende lo legal y nos obliga a reflexionar sobre el verdadero compromiso de las autoridades con la transparencia y la probidad.

No siempre lo cuestionable es ilegal. El conflicto de interés -aunque muchas veces sutil- instala la duda, erosiona la confianza ciudadana y deslegitima las decisiones institucionales. Cuando el Estado realiza transacciones sin procesos públicos de licitación, y los involucrados tienen vínculos que generan sospecha, lo que se percibe es una priorización del interés personal sobre el bien común.

Las preguntas son necesarias y legítimas: ¿Se buscó realmente obtener las mejores condiciones para el Estado? ¿Por qué se eligió una vía directa en vez de fomentar la competencia abierta? ¿Cuál es el grado de cercanía entre las partes como para que esta cadena de operaciones despierte tal nivel de inquietud?

La ciudadanía exige algo más que el cumplimiento de la legalidad: exige ejemplaridad. Una autoridad debe anticiparse a cualquier circunstancia que, aunque legal, pueda poner en entredicho su ética y comprometer la credibilidad de su gestión. No basta con decir que “todo se hizo dentro de la norma” cuando los hechos dibujan una sombra de duda que la ley no siempre logra disipar.

La labor de la Contraloría General es clave como ente fiscalizador, pero su actuación debe complementarse con una responsabilidad personal por parte de quienes ejercen funciones públicas. Una gestión íntegra no solo se defiende con argumentos jurídicos, sino con coherencia moral y sentido de lo público.

El caso ocurrido en Magallanes es más que una polémica local: es un recordatorio urgente de que debemos exigir a nuestras autoridades decisiones transparentes, conductas intachables y un compromiso profundo con el interés colectivo. Sólo así podrá restablecerse la confianza en quienes administran el destino de nuestras comunidades.