Una grave situación de violencia intrafamiliar se registró la tarde del lunes 7 de julio en Punta Arenas, cuando Carabineros respondió a una alerta de presunto femicidio frustrado. Pasadas las 13:00 horas, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Manuel Aguilar, tras recibir un llamado de la central de comunicaciones.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con la víctima, una mujer que presentaba evidentes lesiones en su rostro. Aún bajo el impacto de lo vivido, relató a los uniformados los aterradores momentos que había experimentado. Minutos antes, su expareja había llegado al domicilio con la intención de conversar, buscando reanudar la relación. Sin embargo, ante la clara negativa de la mujer, la situación escaló violentamente.

El agresor, en un arrebato de furia -relató la afectada- comenzó a golpearla con golpes de puño directamente en el rostro. Y no sólo eso, sino que también la jaló del cabello e intentó asfixiarla, en un intento desesperado por someterla. Afortunadamente, la víctima logró soltarse de su atacante y pudo pedir ayuda, lo que precipitó la intervención policial.

El agresor fue rápidamente detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición del Ministerio Público. Este martes 8 de julio, el hombre pasó a control de detención ante el Juzgado de Garantía.

Pese a la inicial calificación de los hechos por parte de Carabineros como un posible femicidio frustrado, la Fiscalía, tras la revisión de los antecedentes y la evidencia disponible, determinó que sería formalizado por un delito de menor gravedad: lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). Esta calificación fiscal es crucial, ya que impacta directamente en las medidas cautelares y el proceso judicial subsiguiente.

Luego de la exposición de cargos por parte de la Fiscalía, el agresor recuperó su libertad, una decisión que suele generar debate en casos de violencia de género. No obstante, se le impusieron estrictas medidas cautelares: arraigo regional, lo que le impide salir de la zona; firma periódica ante Carabineros, como medida de control; y la prohibición absoluta de acercarse y tomar contacto con la víctima. La advertencia fue clara y directa: cualquier incumplimiento de estas condiciones podría significar su envío inmediato a prisión preventiva, buscando así resguardar la seguridad de la mujer agredida.