El debate en torno a la propuesta del “salario vital” de $750.000 ha encendido el análisis económico nacional. La iniciativa, planteada por la candidata presidencial del oficialismo la comunista Jeanette Jara, propone alcanzar esa cifra como nuevo mínimo legal en un plazo de cuatro años.

La idea, respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apunta a dignificar el ingreso de las familias chilenas, pero ha generado fuertes reparos en el mundo académico y económico.

Ilusión peligrosa

Uno de los más críticos ha sido el economista Manuel José Correa, quien calificó la promesa como una ilusión peligrosa.

“Simplemente yo me sumo a la voz de mis colegas economistas que al unísono han criticado las promesas del PC, a través de su candidata presidencial Jeanette Jara, hechas para atrapar a los más incautos. No veo más que unos pocos economistas ligados a la extrema izquierda como Cristián Cataldo avalando el ‘sueldo vital de $750.000’”.

Correa advierte que la única vía sostenible para mejorar los ingresos es el crecimiento económico basado en productividad.

“La única manera de hacer sostenible incrementos reales del salario de los trabajadores es vía crecimiento económico impulsado por mejoras en la productividad laboral”, enfatizó.

En su análisis, recuerda que durante la gestión de Jara como ministra del Trabajo, el aumento real del sueldo mínimo fue escaso, a pesar de medidas como la reducción de la jornada laboral.

“El desempleo actual es del 8,9%, el más alto desde 2010 (excluyendo pandemia), y el desempleo femenino alcanza un duro 10,1%, ‘linda cifra’ para el autoproclamado gobierno feminista”, ironizó.

Asimismo, cuestiona quién asumirá los costos de esta propuesta: “Sería interesante saber qué harían quienes creen que la propuesta de Jara es buena para el país si respondieran solidariamente por los aumentos de costos laborales, el daño a la creación de nuevos empleos y el peso para las pymes”.

Propuesta inviable

Desde otra mirada crítica, el doctor Juan Luis Oyarzo coincidió en que la propuesta es inviable si no se abordan los problemas estructurales del país.

“Chile atraviesa una fase de estancamiento económico, con baja inversión, escaso crecimiento y niveles preocupantes de informalidad laboral. Prometer un aumento sostenido del salario mínimo sin abordar estas condiciones estructurales puede generar más perjuicios que beneficios”.

Oyarzo alertó sobre el impacto en las pequeñas empresas y sectores intensivos en mano de obra, y advirtió que un alza de más del 40% respecto del ingreso actual presionaría los precios, afectando el costo de vida.

“Subir el sueldo sin mejorar la productividad ni contener los precios puede generar una ilusión de progreso, pero no cambia la realidad material”.

Finalmente, fue enfático el experto al aseverar que “un país no puede decretar prosperidad por ley. La intención de dignificar los ingresos es legítima, pero debe estar acompañada de una estrategia responsable, técnicamente sólida y económicamente viable”.

La propuesta sigue generando opiniones divididas, mientras el oficialismo refuerza su apuesta programática de cara a las elecciones presidenciales de 2025.