La primera sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección que exponía el caso de una estudiante de la carrera de “Licenciatura en Nutrición y Dietética” en la Universidad de Magallanes que ingresó en 2015 y que luego de nueve años logró egresar en 2024 con una nota final de 5.1. Sin embargo, se le negó la entrega de su certificado de título por presentar mora que asciende a un monto de $31 millones.

La joven indica que tiene al cuidado de su hogar y de sus dos hijas, situación que le generó dificultades económicas para pagar periódicamente su arancel, argumentando que “se me hace imposible poder generar ingresos económicos” y que por este motivo no ha podido obtener un trabajo en la especialidad estudiada.

Durante junio de este año, la egresada consultó vía correo electrónico a la dirección de Tesorería de la casa de estudios la posibilidad de tramitar su proceso de titulación, pero recibió sólo como respuesta una serie de documentos adjuntos para efectuar una simulación de repactación, indicando “los pasos a seguir para la obtención del título con deuda. OBS: adjunto simulación, solicitud de vicerrectoría”, y sólo se le haría entrega del certificado en caso de realizar un abono en efectivo del dinero adeudado por un monto del 10 por ciento de la repactación: $3.146.370.

Tras esta situación acudió a la Justicia, argumentando que la medida adoptada por la universidad se torna a una conducta “arbitraria e ilegal”. Desde lo jurídico, el recurso argumenta que el artículo 1 de la ley de Educación Superior, afirma que es un derecho al alcance de las personas.

Junto con lo anterior, el libelo representado por el abogado Alejandro Hijerra recurrió a la jurisprudencia de dictámenes de la Corte Suprema de años anteriores, fundamentados en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política que persigue la no discriminación entre estudiantes, e infringe trato diferentes a ellos.

Tras esto, la corte de alzada ordenó a la Universidad de Magallanes a la tramitación y entrega del grado de licenciatura y toda la documentación necesaria en un plazo de días.

A su vez, concluyó que la respuesta recibida por la egresada mediante corre electrónico es ilegal y además “atentatorio a la garantía constitucional de igualdad ante la ley” respaldadas en la Carta fundamental del país.