En Punta Arenas, el problema de los caballos sueltos no es una anécdota, es una emergencia. Quienes circulan por las calles de la capital de la Región de Magallanes saben que, en cualquier momento, la silueta de un equino puede emerger de la oscuridad, convirtiendo una simple jornada en una tragedia potencial. Es un riesgo constante para conductores y para los propios animales, que vagan en busca de alimento, vulnerables y maltratados. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de esta situación?

La respuesta, lamentablemente, parece perderse en un laberinto burocrático de acusaciones cruzadas. Por un lado, la Municipalidad de Punta Arenas ha alzado la voz, asumiendo el rol de actor principal en la captura de estos animales. El municipio ha implementado operativos, ha respondido a denuncias y ha intentado, con sus limitados recursos, mitigar el problema. Sin embargo, su labor se ve frustrada por la dificultad de identificar a los dueños, ya que la mayoría de los caballos no tienen marca visible y, por lo tanto, no se puede hacer un seguimiento efectivo para responsabilizar a sus propietarios.

Aquí es donde entra en escena el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Desde el municipio se ha señalado al SAG por su supuesta inacción y por la falta de un protocolo formal de trabajo conjunto. La Municipalidad de Punta Arenas ha acusado a este organismo de no compartir los registros pecuarios de los predios, una herramienta fundamental para rastrear a los dueños de los equinos. El SAG, por su parte, se defiende, aclarando que sus competencias están enfocadas en la sanidad y el bienestar animal en procesos productivos y de transporte, no en la tenencia de animales en la vía pública. Señalan que la responsabilidad legal recae en los propietarios, de acuerdo con el Código Civil, y que son las ordenanzas municipales las que deben regular este tema.

Es una verdadera “tierra de nadie”. Mientras el municipio acusa al SAG y el SAG se ampara en su marco legal, la Fiscalía archiva causas por falta de información. La comunidad, meanwhile, asiste con impotencia a un peligro que crece con el tiempo. El problema de los caballos sueltos no es un simple conflicto de competencias entre instituciones. Es la manifestación de una falla sistémica, de una legislación que no está a la altura de las circunstancias. No existe una normativa que obligue la trazabilidad de los equinos en todo el país, lo que permite que los dueños irresponsables se mantengan en el anonimato.

Es hora de que las instituciones de Punta Arenas, más allá de sus diferencias, se sienten a la mesa y elaboren un plan de acción concreto y eficaz. El municipio ha dado pasos, pero necesita el apoyo y la colaboración activa de todos los actores. El SAG debe asumir un rol más proactivo en la identificación de los animales y en la facilitación de la información. La Fiscalía debe ser una aliada en la aplicación de la ley, no una trinchera donde se archiven las denuncias. Y, por supuesto, la responsabilidad primaria es de los dueños, de aquellos que, por negligencia o abandono, convierten a sus animales en una bomba de tiempo para todos.

Es tiempo de dejar de pasarse la pelota y asumir la responsabilidad. La seguridad de todos los magallánicos está en juego.