Ayer se dio a conocer el listado de entidades públicas morosas que adeudan en total más de $300 millones al Municipio de Punta Arenas por concepto de aseo. Esto no es sólo un registro contable; es un espejo que refleja la hipocresía y el doble estándar en el que ha caído el Estado. No hablamos de entidades menores, sino de pilares de la administración pública: Delegación Presidencial Regional, el Gobierno Regional, ministerios como el de Obras Públicas, Bienes Nacionales y servicios esenciales como el de Salud y el Serviu. La lista completa es un monumento a la incoherencia.

La excusa de la burocracia ya no es válida. Una deuda que se arrastra desde 2012, acumulando reajustes e intereses, no es un simple retraso administrativo. Es una negligencia crónica y deliberada. ¿Con qué cara el Estado le pide a un ciudadano que pague sus impuestos o multas a tiempo si sus propias instituciones demuestran una total falta de compromiso con las finanzas locales?

La deuda de estas entidades, que debería ser un simple trámite, se ha convertido en un lastre para Punta Arenas. El Municipio necesita esos recursos para financiar servicios tan básicos como la recolección de basura. Mientras el Estado central posterga sus pagos, las arcas comunales sufren y la calidad de vida de los puntarenenses se ve afectada. Es un círculo vicioso de irresponsabilidad.

La gravedad de esta situación radica en la erosión de la confianza pública. Si las instituciones que deben ser los guardianes de la ley y el orden no cumplen con sus propias obligaciones, ¿qué ejemplo le están dando a la sociedad? La exigencia de probidad y transparencia deja de tener sentido cuando los mismos que la promulgan son los primeros en incumplirla. El llamado del Municipio a regularizar la situación es más que una simple advertencia; es una demanda de respeto y de coherencia moral.

Es hora de que estas entidades dejen de ser un mal ejemplo y asuman su responsabilidad. La vía judicial, aunque necesaria, debería ser el último recurso. El primer paso debería ser la voluntad política de saldar deudas que nunca debieron existir. La ciudadanía de Punta Arenas merece instituciones que no sólo exijan, sino que también cumplan.