Más de alguna vez hemos escuchado la frase “En nombre de Dios y la democracia se han cometido las peores atrocidades”, para referirse a como supuestamente defendiendo nobles ideales algunas personas incurren en actos o expresiones violentas, poco éticas, intolerantes, tendenciosas o de plano mal intencionadas o injuriosas. Una advertencia a estar atentos a aquellos discursos morales o políticos mal intencionados que buscan justificar violencia estructural, odio y poder a cualquier costo. En tiempos de elecciones debemos estar atentos a aquellos que bajo supuestas buenas intenciones actúan de forma poco ética, irresponsable, sin medir consecuencias o en extremo egoísta, con tal de obtener unos votos más o destacar a cualquier costo sobre otros, alterando la realidad, enlodando o dañando. 

Ya hace varios años hemos visto como las redes sociales se han convertido en una plataforma en que la gente puede decir cualquier barbaridad sin ningún tipo de control o sin medir consecuencias, incluso alterando la realidad y difundiendo noticias falsas bajo seudónimos o con otras identidades. Muchas veces se denosta, se discrimina, se maltrata y se actúa con violencia con total impunidad, apelando a su derecho de libertad de expresión. Sin embargo, como toda libertad tiene límites asociados a la convivencia, es decir cuando mis dichos o acciones pueden dañar las libertades de otras personas. Si bien algunos límites de la libertad de expresión no son legales, tienen fronteras éticas y de responsabilidad y respeto para mantener y propiciar interacciones dignas, sanas, seguras e integras. Pero hay personas, supuestos lideres y partidos políticos que lo ético no está en sus cánones y están dispuesto a todo por ostentar poder.

La libertad de expresión tiene límites éticos, pero también legales. En Chile varios cuerpos legales sancionan conductas de expresión que dañan la sana convivencia. Ley de Prensa establece normas sobre medios de comunicación y derecho a réplica. El Código Penal sanciona injurias y calumnias cuando se daña injustamente la honra de una persona. La Ley sobre delitos informáticos regula la difusión de imágenes o datos no autorizada o la suplantación de identidad. La Ley Zamudio protege a las personas de discursos que inciten al odio o la violencia por motivos de raza, género, orientación sexual, religión, u otra causa. Todas ellas condenan conductas impropias, se sabe de ellas; por tanto, vulnerarlas es intencionado.

Los bots son programas computacionales que permiten acciones repetitivas y automatizadas como el envío masivo de mensajes, muchas veces fake news (noticias falsas). Los bots por si solo no son buenos ni malos, y ello dependerá del propósito para el cual fueron programados. Esta herramienta moderna ha sido ampliamente utilizada por su rapidez y eficiencia, pero en manos inescrupulosas ha derivado en la difusión de información falsa, en la manipulación para influir en la opinión pública, desacreditar personas y/o suplantar identidades. Generalmente este tipo de mensajes provienen de cuentas falsas, con usuarios que no se identifican, y su finalidad es generar percepciones de forma malintencionada. Sus defensores se excusan en la libertad de expresión aduciendo su derecho constitucional de emitir opinión y la de informar sin censura previa, y que si alguien se siente ofendido o vulnerado puede concurrir a la justicia buscando reparación; sin embargo, omiten lo esencial que es que esta libertad debe ejercerse con responsabilidad y sin causar daño a terceros ni a la democracia y sus instituciones. Una persona natural o jurídica por ley será obligada a responder por sus dichos, en cambio quienes crean y programan bots para usos maliciosos generalmente lo hacen desde el anonimato o identidades falsas y con el claro y deliberado objetivo de desinformar y causar desprestigio y daño, en forma cobarde y artera, evitando las responsabilidades. Una cosa es expresarse (aunque sea con errores) y otra es disponerse a delinquir.

Es evidente que el uso malicioso de bots genera problemas en nuestra sociedad y socava nuestra democracia; sin embargo, para una buena convivencia democrática y social, lo esencial no pasa por prohibir las tecnologías sino en regular su uso, finalidad y autenticidad. Aquí hay “pega” para quienes aspiran llegar al parlamento. La idea es no limitar la libertad expresión y opinión de la ciudadanía sino en velar porque sea responsable, auténtica y no sea programada deliberadamente para manipular y generar daño. Seguramente se seguirán usando bots en campañas de difusión masiva, pero se debe exigir identificación del usuario y regulando el contenido, evitando la manipulación o desinformación.  Siempre será bienvenida la crítica política, pero responsable y honesta.