El Serviu Magallanes actualizó el catastro de los asentamientos precarios “Las Etnias” y “Lautaro” (sector norponiente de Punta Arenas, inmediaciones de Enrique Abello). Estos corresponden a 120 hogares y 194 residentes, ocupaciones irregulares en suelos de privados y del propio servicio.

Según plantean desde la institución, el plan oficial es relocalizar a todas las familias con subsidios de arriendo y albergue transitorio, mientras se las acompaña para postular a vivienda definitiva.

El director regional (s) del Serviu, Omar González Asenjo, fijó el marco político–sanitario de la intervención: “brindar una solución a familias con urgencia habitacional y dar cumplimiento a las disposiciones de la Seremi de Salud”, que en diciembre declaró ambos asentamientos “zona de riesgo sanitario”.

A la fecha, 43 grupos familiares o personas solas ya fueron relocalizados. Cada traslado exige desarmar la vivienda y, en el sitio despejado, Serviu instala letreros advirtiendo que cualquier nueva ocupación será denunciada al Ministerio Público, en el marco de la nueva Ley de usurpación.

Sin embargo, para llevar a cabo el plan de manera eficiente, desde el Serviu plantean la necesidad de contratar personal exclusivo para acelerar las relocalizaciones y clausurar físicamente los terrenos fiscales con cierres perimetrales; señalando que la intervención masiva arrancaría en noviembre y se proyecta hasta 2026.

En paralelo, la definición ministerial recuerda qué se entiende por “asentamiento precario”: ocupación irregular de al menos 8 viviendas autoconstruidas, sin servicios básicos, con hogares bajo la línea de la pobreza y fuertes barreras de acceso a oportunidades urbanas.

Lectura crítica de los avances

Sobre el papel, el giro operativo es nítido: de 120 hogares, 43 ya fueron movidos que representan un 36% del total, pero 77 aún esperan solución.

Falta, sin embargo, una carta Gantt pública con metas mensuales de traslado, cupos y oferta de arriendo disponible, además del detalle presupuestario para el equipo “de dedicación exclusiva” y para los cierres perimetrales.

La tensión de política pública es conocida: si la velocidad de relocalización no supera la “tasa de reingreso” o nuevas ocupaciones, el círculo vicioso se reabre.

Contexto ciudad y políticas nacionales

El propio Plan Nacional de Infraestructura Pública (PNIP) 2025-2055 reconoce el “déficit habitacional y asentamientos irregulares” como desafío estratégico y coloca la “habitabilidad en centros poblados” entre sus ejes, pero aún como marco programático de largo plazo, no como respuesta inmediata al caso Las Etnias/Lautaro en Magallanes.

Si bien se listan metas e iniciativas, el nodo de Punta Arenas exige ejecución táctica ahora: arriendo transitorio, oferta de suelo urbanizable y acompañamiento social sostenido.

Acciones a futuro

El plan proyecta un ritmo sostenido de traslados, con metas mensuales que deberían garantizar la ocupación efectiva de los subsidios de arriendo y albergue transitorio. Sin embargo, la pregunta inevitable es si esas metas podrán cumplirse en la práctica.

Tras esa etapa, se prevé la instalación de cierres perimetrales que eviten nuevas ocupaciones irregulares, lo que dependerá de una estrecha coordinación con municipios y Fiscalía, coordinación que hasta ahora no siempre ha mostrado la fluidez necesaria.

En paralelo, se habla de trazar rutas claras para que las familias transiten del arriendo transitorio a la vivienda definitiva, con calendarios, proyectos y cupos definidos; pero aún no existen certezas sobre la velocidad ni el financiamiento que asegurarán ese tránsito.

Finalmente, el plan contempla dar seguimiento a los indicadores sanitarios, considerando la declaratoria de riesgo emitida en 2024, aunque la ciudadanía espera que ese monitoreo sea real y no solo un trámite administrativo.

En resumen, lo que el Serviu plantea como acciones a futuro abre más preguntas que respuestas sobre su factibilidad.