Un vasto operativo policial conjunto denominado “Operación Fortaleza”, culminó en la Región de Magallanes con la detención de 53 personas y una serie de fiscalizaciones que buscan fortalecer la seguridad ciudadana. La acción, que involucró a más de 100 efectivos de Carabineros y la PDI, se desarrolló desde la medianoche del lunes hasta la mañana de hoy abarcando las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego.

Resultados y detenciones

Del total de detenidos, 42 contaban con órdenes de detención vigentes, mientras que los 11 restantes fueron aprehendidos en situación de flagrancia. Los delitos asociados a estas capturas son variados e incluyen abuso sexual a mayor de 14 años, hurto, amenazas, lesiones, receptación, porte de arma blanca, violación de morada y conducción en estado de ebriedad.

Además de las detenciones, el operativo generó 3.020 controles en la región, entre los que destacan 1.420 controles vehiculares y 1.476 controles de identidad. Se fiscalizaron también locales de alcoholes, comerciales y entidades bancarias. Como resultado, se cursaron 117 infracciones a la Ley de Tránsito y 17 por consumo de alcohol en la vía pública.

Enfoque en la coordinación policial

La “Operación Fortaleza” es el segundo operativo conjunto a nivel nacional, y fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública. Las autoridades destacaron que este trabajo colaborativo permite optimizar los recursos y aumentar la cobertura territorial en zonas de mayor criminalidad.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, valoró el despliegue y los resultados obtenidos: “Acá particularmente comenzó el lunes y finalizó el miércoles, con más de 110 efectivos entre la PDI y Carabineros de Chile, desplegados en las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego. Esto nos ha permitido detener a 53 personas que estaban con órdenes vigentes, y realizar más de tres mil controles de fiscalización, controles vehiculares y a locales nocturnos. Lo que buscamos en este trabajo mancomunado entre el Gobierno y las Policías es dar tranquilidad a los vecinos de la Región de Magallanes”.

El prefecto inspector Luis Orellana, jefe Región Policial de Magallanes de la PDI, enfatizó la estrategia detrás del operativo: “Este es el segundo operativo conjunto coordinado, que se realiza entre Carabineros de Chile y la PDI, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública. Se realizó este operativo en todo el país, en el marco de la operación denominada Fortaleza, porque acá se integran las policías, capacidades y competencias, estrategias conjuntas que nos permitan abarcar de mejor forma la lucha contra la delincuencia, y es una de las instancias que estamos realizando en esta oportunidad, con resultados muy exitosos, porque se detuvieron a prófugos de la justicia”.

El jefe de la PDI también se refirió a casos específicos abordados durante el procedimiento: “Encontramos un sujeto, extranjero, irregular, que había abusado sexualmente de una niña mayor de 14 años, también se fiscalizaron extranjeros en situación irregular, y se materializó la expulsión de un sujeto extranjero, el cual fue ya puesto a disposición de su país”.

Por su parte, el general Marco Alvarado, jefe de Zona Magallanes de Carabineros, subrayó el carácter extraordinario de la labor: “Son servicios extraordinarios, de los servicios habituales. Este servicio inició el lunes, hasta hoy a las 8 horas, con más de cien policías, que busca reforzar los servicios operativos, aumentar los despliegues y aumentar las capacidades de cada una de las instituciones que participan en la misma”.

“Hay una cantidad importante de detenidos por distintos delitos, prófugos de la justicia y el enfoque que se le dio a esta fiscalización, era para contrarrestar y que esas personas cumplan con la justicia. Hay distintos delitos, de robo, hurto, conducción en estado de ebriedad, que no se habían presentado ante la justicia, y fueron capturados para que comparezcan”.

Fiscalización a extranjeros y expulsión administrativa

El operativo también incluyó la fiscalización de 150 ciudadanos extranjeros. De este grupo, 16 fueron denunciados por irregularidades, como ejercer actividades remuneradas sin permiso o haber ingresado al país por pasos no habilitados. Destaca la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano, quien registraba condenas previas por delitos de microtráfico, receptación y amenazas.