A lo largo del tiempo, los gobiernos han intentado por todos los medios controlar una verdad ineludible: la de los ciudadanos en las calles. Si bien las cifras oficiales a veces nos hablan de descensos en ciertos tipos de delitos, la realidad que se vive en el día a día parece contradecir esa narrativa. El robo de un celular, el portonazo a plena luz del día o la irrupción de bandas criminales con un nivel de violencia y organización nunca antes visto, han alterado profundamente la vida de las personas. La percepción de inseguridad se ha enquistado en la sociedad, incluso cuando las estadísticas oficiales insisten en un mejoramiento de la situación.

El problema es que la delincuencia de hoy no se mide sólo en números. Se mide en el temor a salir de noche, en la inversión en alarmas y rejas, en la renuncia a la libertad de transitar por ciertos barrios, en el miedo que sienten los padres cuando sus hijos vuelven a casa. Este miedo no es una invención mediática, ni una manipulación política. Es el resultado de una nueva criminalidad, más audaz, más violenta y, sobre todo, más organizada. El secuestro extorsivo, el narcotráfico con un poder de fuego cada vez mayor, y los homicidios con un componente de sicariato, son fenómenos que hace pocos años eran ajenos a nuestra realidad y que hoy se han vuelto dolorosamente comunes.

Es cierto que el gobierno ha impulsado una batería de medidas, desde el aumento de recursos policiales y fiscales hasta la aprobación de más de 60 leyes de seguridad, leyes que en su momento los mismos que hoy la impulsaron la rechazaron. Sin embargo, estas iniciativas, aunque necesarias, parecen no calar lo suficiente en la ciudadanía. La brecha entre lo que se legisla y lo que se vive es abismal. La gente no evalúa la seguridad por la cantidad de leyes aprobadas, sino por la tranquilidad con la que puede caminar por su calle. La normalización de la violencia es, quizás, la consecuencia más grave de esta desconexión. Hemos llegado a un punto en que no nos sorprende un asalto, que un balazo en la vía pública no sea una noticia de portada o que el crimen organizado ya no sea un titular, sino parte del paisaje cotidiano. El gobierno puede insistir en que estamos mejor, pero si la vida diaria nos dice lo contrario, es la percepción ciudadana la que tiene la última palabra.

La tarea no es convencer a la ciudadanía de que sus miedos son infundados. El desafío es lograr que las políticas públicas se traduzcan en una disminución real de la violencia que se percibe y se vive. Es recuperar la confianza en las instituciones y, lo más importante, devolver a las personas la tranquilidad de que sus vidas no están a merced de la delincuencia. Hasta que eso no ocurra, cualquier discurso sobre una mejoría en materia de seguridad seguirá siendo, a ojos de muchos, una verdad a medias.