Una votación dividida, acusaciones cruzadas y una tribuna encendida marcaron la jornada de este lunes en la Cámara de Diputados, donde se declaró inadmisible el proyecto de ley impulsado por el diputado Luis Cuello (PC) para establecer un royalty portuario. La iniciativa, que proponía un cobro de un dólar por tonelada de carga transferida en los puertos del país, fue desechada por 47 votos en contra, 41 a favor y 3 abstenciones, en una votación que expuso las fracturas políticas en torno al modelo de financiamiento regional y la distribución de los recursos generados por el comercio marítimo.

Desde un inicio, el proyecto enfrentó cuestionamientos legales. La secretaría de la Cámara había advertido que la propuesta era inadmisible por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que implicaba la creación de tributos y posibles gastos fiscales. Aun así, Cuello defendió su moción en sala, argumentando que la decisión sobre su viabilidad debía recaer en la propia Cámara como un “ejercicio soberano y democrático”.

“Esta moción busca una compensación para las comunas y regiones portuarias por los impactos negativos de la actividad portuaria. No comparto la calificación jurídica que hizo la mesa”, sostuvo Cuello, mientras en las tribunas lo respaldaban alcaldes, concejales y dirigentes sociales.

El rechazo del proyecto vino principalmente desde la oposición. El diputado Andrés Longton (RN) fue uno de los más duros, calificando la iniciativa como “una de las más inconstitucionales” presentadas en el último tiempo.

Cámara portuaria

Desde la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) también celebraron el rechazo. En un comunicado, la entidad valoró que se haya frenado un proyecto que, según ellos, habría generado “incertidumbre en el sector portuario” y violaba el artículo 65 de la Constitución. “Los terminales ya pagan múltiples cargos e impuestos. Antes de pensar en nuevos tributos, debe transparentarse y mejorar el uso de los recursos ya existentes”, afirmaron desde Camport.

Más allá de la votación, la sesión estuvo marcada por un episodio tenso protagonizado por las alcaldesas de Valparaíso, Camila Nieto (FA), y de Caldera, Brunilda González (PPD). Ambas jefas comunales, junto a dirigentes y concejales, desplegaron carteles en apoyo al royalty portuario desde la galería del Congreso, lo que motivó un airado llamado de atención por parte del presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN).

“Les pido por favor que bajen los carteles o tendré que pedir que se retiren. Esto es una norma para todos”, expresó Castro, recordando que incluso en ocasiones anteriores se ha multado a dirigentes por infringir el reglamento. La negativa de los asistentes a acatar la orden obligó a su salida de la tribuna, generando un nuevo debate en el hemiciclo. La diputada Javiera Morales (FA) acusó a Castro de faltarles el respeto a las autoridades locales, mientras que Jorge Guzmán (EVO) pidió sanciones para los diputados que gestionaron el acceso de los manifestantes.

Ya fuera del Congreso, las alcaldesas señalaron que “es urgente que el Gobierno asuma el desafío de impulsar un royalty portuario que haga justicia con las ciudades costeras”.