Una iniciativa, presentada por un grupo transversal de parlamentarios, busca modificar la Ley 8.946 de Pavimentación Comunal para que los municipios puedan reparar calles con mayor rapidez y eficiencia. El estado actual de la infraestructura vial en Chile es crítico y genera accidentes a diario.

El proyecto ingresó al Congreso con una premisa clara: las calles de Chile están en mal estado y no hay mecanismos ágiles para repararlas. La iniciativa parlamentaria, respaldada por diputadas y diputados como Javiera Morales, propone una modificación a la Ley 8.946 sobre Pavimentación Comunal, para destrabar los procesos burocráticos que actualmente impiden a las municipalidades actuar con rapidez frente al deterioro vial.

El diagnóstico es alarmante. Según datos entregados en la propia moción, el déficit de calles en mal estado ha aumentado en el tiempo. En 2007, la Dirección de Presupuestos estimaba 3.221 kilómetros de déficit; en 2021, la cifra alcanzaba los 3.587 kilómetros. Esta alza tiene una razón evidente: las calles reciben poca mantención y el desgaste diario las vuelve cada vez más intransitables.

Pero más allá de las estadísticas, el mal estado de las calzadas tiene efectos concretos: baches, hoyos y grietas que provocan accidentes. La Ley de Tránsito es clara: en su artículo 169 establece que las municipalidades son responsables por los daños que causen estos desperfectos. El problema es que, aunque tienen la obligación, muchas veces no cuentan con las herramientas legales ni presupuestarias para actuar a tiempo.

Una ley con cuellos de botella

La actual Ley 8.946 permite a los municipios reparar calles, pero el proceso es, en palabras del propio proyecto, “lleno de cuellos de botella”. Para cada reparación, debe presentarse un proyecto de ingeniería, aprobado por un profesional competente y validado por el Serviu, que tiene un plazo de hasta 180 días para entregar su informe favorable, el cual sólo es válido por un año.

A esto se suma que las municipalidades no pueden financiar directamente estos arreglos, por lo que deben postular sus iniciativas a los Bancos de Proyectos de los gobiernos regionales, que luego pasan por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS), y finalmente ser evaluadas y votadas en los consejos regionales.

¿Resultado? Muchos de estos proyectos caducan antes de siquiera llegar a ejecutarse. La descoordinación entre municipios, Serviu, GORE y Mideso hace que el proceso sea frustrante tanto para autoridades como para los vecinos.
De esta manera, el nuevo proyecto propone hacer más eficiente el proceso regular de reparación, para lo que se considera
ampliar la vigencia de los proyectos de ingeniería de 1 a 3 años, en los casos en que la situación de la vía se mantenga, y reducir el plazo del Serviu de 180 a 90 días, para responder a las solicitudes de las municipalidades.

También se propone aumentar el margen para reparaciones de emergencia, argumentando que desde 2018, gracias a la Ley 21.111, los municipios pueden ejecutar reparaciones de emergencia sin pasar por todo el proceso anterior, pero con una limitación de superficie de 20 m². El nuevo proyecto propone triplicar esa superficie a 60 m², lo que permitiría, por ejemplo, reparar tramos de hasta 10 metros de largo en calles de 6 metros de ancho. Además, se incorpora la posibilidad de realizar fresado y recarpeteo de emergencia, una solución técnica menos invasiva, que puede resolver muchos de los problemas sin necesidad de una intervención estructural.

Como señalaron sus impulsores, el objetivo del propyecto es claro: dejar de depender de procesos interminables para tapar un hoyo en la calle. Porque en Chile, a veces, lo más difícil no es construir una autopista, sino arreglar una vereda rota frente a una casa.