El Senado aprobó ayer por mayoría y despachó a la Cámara de Diputados, en tercer trámite legislativo, el proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo, optimizando las excepciones permitidas actualmente por la legislación.

Entre los aspectos aprobados, se encuentran modificaciones a la definición de cabotaje, inclusión del cabotaje de pasajeros, ajustes al mecanismo de Waiver anual, así como correcciones formales y técnicas relativas a los volúmenes de carga, entre otros temas.

El proyecto mantiene la esencia de proteger el cabotaje nacional para embarcaciones con bandera chilena, pero propone una aplicación más eficiente y competitiva de las excepciones, permitiendo así mayor dinamismo en el transporte marítimo dentro del país.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, senador Alejandro Kusanovic, fue el encargado de informar los avances del proyecto, destacando que se recibieron 39 indicaciones y se escuchó a todos los actores involucrados en el sector.

El propio senador magallánico intervino posteriormente con un encendido discurso donde fijó su posición sobre el tema y el proyecto en discusión.

“Lamentablemente, y como casi siempre suele ocurrir, estamos solucionando un problema de forma incorrecta por mal análisis del mismo. El objetivo del proyecto, en el que todos estamos de acuerdo, es bajar los costos de la industria del transporte marítimo, de carga y pasajeros en el territorio nacional”. 

Datos alarmantes

Luego argumentó que la realidad actual de esta industria es alarmante: “Hace apenas dos décadas las navieras de navegación internacional se redujeron de 13 a 4 y los marinos mercantes de más  1.100 a sólo 60. Actualmente el 50% de la flota nacional asegura el transporte de combustible entre Arica y Punta Arenas, un pilar clave de nuestra economía”.

Por ello, dijo que en vez de estar hablando de resolver los problemas que tiene la industria del trasporte marítimo para hacerla más competitiiva, “por el contrario estamos promoviendo la entrega de nuestro cabotaje marítimo a flotas extranjeras que operan bajo bandera de conveniencia y que hoy concentran más del 74% de la capacidad de carga mundial. Estas naves utilizan leyes con exigencias tributarias, laborales y seguridad mínimas o casi inexistentes, lo que en la práctica les permite abaratar costos evadiendo las normas y las exigencias de sus respectivos países de origen. Esto provoca una competencia desigual en el cabotaje al quebrantar una ley fundamental de la libre competencia y libre mercado: que todos debemos utilizar las mismas reglas del juego para desarrollar un actividad dentro del territorio nacional, incumplimiento que, sin duda, asfixiará a las naves nacionales que no tendrán opción de competir con estas naves de banderas de conveniencia, que tendrán enormes ventajas comparativas al operar con menores costos y terminarán con naves abandonando el pabellón chileno para poder sobrevivir”.

Para el parlamentario, hay ejemplos de otros países que en la apertura de su cabotaje han visto desaparecer sus marinas mercantes, y Chile -enfatizó- no puede seguirlos para perder un componente esencial de su sobernaía marítima.

“A pesar que el gobierno ha manifestado que las atribuciones legales de la Armada bastan para garantizar la seguridad nacional, toda fiscalización efectiva es prácticamente imposible con los recursos que se tienen actualmente. Sólo basta ver lo que pasa hoy con los terminales marítimos, donde sólo el 3% de la carga es posible de inspeccionar”.

Insistió en que sin compromiso real para fortalecer y financiar la capacidad de control y fiscalización, la apertura del cabotaje en los términos que se propone en el proyecto sólo facilitará el contratrabando, el ingreso de armas y drogas, lo que alimentará aún más las redes del crimen oganizado que hoy tanto aquejan al país.

Enfoque geopolítico

Junto con lo anterior, Kusanovic dijo que también hay un componente geopolítico, destacando que las autoridades de la Armada han enfatizado en la importancia de mantener una industria nacional de transporte marítimo: “La presencia de la bandera chilena en el mar es un asunto de soberanía, de estrategia geopolítica, especialmente en las regiones australes como Los Lagos, Aysén, Magallanes y la Antártica chilena”.

Mencionó que el proyecto elimina exigencias históricas de capital chileno en empresas navieras, lo que es grave en caso de catástrofes naturales o guerra. “Estas zonas frágiles son estratégicas por su proyección a la Antártica, porque dependen del mar para conectividad y abastecimiento. Rebajar esta regla es quedar aislados ante decisiones de empresas extranjeras o por contingencias internacionales”. 

Como conclusión, planteó que de ninguna manera es razonable sacrificar la marina mercante y la soberanía nacional bajo el pretexto de abaratar costos y que en lugar de ello el Estado debería promover la competitividad de la bandera chilena. “Resolver el problema abriendo el cabotaje es como permitir que empresas constructoras vengan a operar a Chile bajo sus propias leyes tributarias y laborales para bajar el costo. Eso sólo debilitará la industria nacional”, citó como ejemplo.

“Por ello, no podemos aceptar que bajo el pretexto de la competencia y de abaratar costos se quiera debilitar nuestra marina mercante, entregar rutas estratégicas al capital extranjero, y se comprometa nuestra soberanía marítima. Podemos hacerlo mejor con incentivos tributarios concretos, con mejor formación e infraestructura, y generando un fomento real para la industria nacional. Hay que anteponer el interés nacional sobre el interés de cualquier gobierno de turno, y no ceder ni comprometer nuestra soberanía ni seguridad. No traicionemos nuestro mar”.