Dos hechos de grave connotación pero que, afortunadamente, no tuvieron consecuencias se registraron recientemente en Punta Arenas.

Fue durante fiscalizaciones, días previos a Fiestas Patrias, cuando se detectó a cuatro conductores del transporte de pasajeros bajo los efectos del alcohol y las drogas. En el primero de los casos correspondían a choferes de taxis básicos y colectivos, mientras que en el segundo a conductores del transporte pùblico mayor. En todos los casos, había presencia de pasajeros.

La situación no es exclusiva de Magallanes. De hecho, las estadísticas indican que a diario este tipo de hechos se repite en todo el país. Sólo mencionar que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), uno de cada 10 siniestros de tránsito con consecuencias fatales se debe al consumo de alcohol y/o drogas en la conducción.

Frente a esta preocupante realidad, parlamentarios han solicitado al Gobierno otorgar urgencia legislativa al proyecto de ley que establece controles obligatorios de drogas a conductores de transporte público y privado. La iniciativa, que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados, busca prevenir tragedias como las que se han registrado en diversas regiones del país.

“Durante todo este año hemos visto numerosos accidentes con consecuencias fatales, donde los choferes estaban bajo el efecto de drogas. Las empresas deben asumir su responsabilidad ante tragedias que han dejado familias destrozadas. Por eso he solicitado a la Secretaría General de la Presidencia que gestione la urgencia para este proyecto, que surge justamente tras la muerte del escolar Mauro Alberto, de solo 14 años, en Valparaíso”, señaló la diputada Carolina Marzán.

“Ley Alberto”

El proyecto -conocido como Ley Alberto, en memoria del joven fallecido en 2023 tras ser atropellado por un microbús en Valparaíso- establece que las empresas de transporte deberán aplicar test de drogas obligatorios cada seis meses a sus conductores. Estos controles tendrán que ser costeados por las propias compañías y reportados a la autoridad correspondiente.

Asimismo, se plantea que el incumplimiento de esta norma se sancione con multas y, en casos de reincidencia, con la revocación de la autorización para operar el servicio. La propuesta también subraya la necesidad de avanzar en mejores condiciones laborales, como respetar los turnos de trabajo y garantizar espacios de descanso, aunque deja en claro que “nada justifica el consumo de drogas al volante ni los accidentes que esto provoca”.

Destino seguro

El objetivo, recalcan sus impulsores, es claro: garantizar que toda persona que suba a un transporte público o privado pueda llegar segura a su destino.

El proyecto también expone que “el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) ha señalado que se ha observado una baja en el consumo de alcohol al volante, pero un preocupante incremento en la positividad de exámenes de narcotest en conductores. Esta realidad plantea un serio desafío en materia de seguridad vial, ya que el consumo de drogas mientras se conduce puede tener consecuencias igualmente peligrosas que el alcoholismo al volante, si no más. La alteración del estado de conciencia y la disminución de reflejos que producen algunas drogas pueden aumentar significativamente el riesgo de accidentes de tránsito, poniendo en peligro no solo la vida del conductor, sino también la de otros usuarios de la vía pública”.

Se agrega que “en este sentido, el llamado a la responsabilidad y la prudencia al volante se vuelve más urgente que nunca. Es fundamental que los conductores sean conscientes de los riesgos asociados al consumo de drogas y tomen medidas para evitar manejar bajo sus efectos. La educación y la concienciación pública sobre este tema son aspectos clave para combatir este problema y reducir el número de accidentes causados por conductores bajo la influencia de drogas”.