Un grupo de exgarzonas ha llevado a la justicia a su antiguo empleador, el dueño de un conocido restobar de Punta Arenas, interponiendo una demanda de tutela laboral por una serie de graves vulneraciones a sus derechos fundamentales. La acción legal, ya acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad, detalla un historial de informalidad, acoso y lo que califican como un despido en represalia.

Las Graves Acusaciones

Las denunciantes, que trabajaron en el local entre 2022 y agosto de 2025, exponen una precariedad laboral sistemática. Según la demanda, las principales faltas incluyen:

• Informalidad total: Ausencia de contratos de trabajo y no pago de cotizaciones previsionales.

• Sueldos bajo el mínimo: Remuneraciones pagadas diariamente en efectivo que no alcanzaban el piso legal.

• Acoso normalizado: Tolerancia por parte de la administración ante situaciones de acoso de clientes.

• Condiciones inseguras: El recinto operaba como discoteca sin contar con la patente correspondiente.

“Viví situaciones de acoso dentro del local que fueron informadas a la administración, quien no tomó más cartas en el asunto que decir ‘que no vuelva a entrar o sáquenlo’”, relató una de las extrabajadoras, subrayando que no se activó ningún protocolo de investigación.

El Quiebre: De la Petición al Despido

El conflicto escaló cuando las trabajadoras entregaron una carta colectiva exigiendo la formalización de su relación laboral y la regularización del pago de propinas. La respuesta, según afirman, fue una negativa rotunda y agresiva por parte del empleador.

Días después, tras buscar asesoría en la Inspección del Trabajo, fueron despedidas de forma inmediata y verbal. “Él llegó, nos dijo que no quería más que trabajáramos allí, no nos dio un motivo. Le pedimos una carta de despido formal... dijo que no, que era algo que él no iba a dar porque tampoco teníamos un contrato”, explicó una de las afectadas.

Las Consecuencias: Represalias y Daño Moral

La demanda sostiene que el despido fue una represalia directa por exigir sus derechos, vulnerando la garantía constitucional de indemnidad. Además, acusan una campaña de desprestigio posterior para impedir que encontraran trabajo en otros locales.

“Mencionó nuestros nombres textuales con ambos apellidos y que no nos contrataran. Claramente, nos sentimos súper atacadas... eso afecta directamente nuestros ingresos”, añadió otra demandante.

La situación ha provocado un severo impacto en la salud mental de las extrabajadoras, quienes solicitan indemnizaciones, el pago de las cotizaciones adeudadas y una reparación por daño moral que, en un caso, alcanza los 20 millones de pesos.

El propietario del establecimiento fue contactado pero declinó referirse a la demanda. La audiencia preparatoria del juicio fue fijada para noviembre de 2025.

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