Un amplio descontento ha surgido entre las autoridades locales y representantes en la Región de Magallanes tras la confirmación de un recorte superior a los $21 mil millones en los fondos destinados al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Esta decisión gubernamental genera una profunda preocupación, dado el impacto directo que tendrá en miles de familias que aguardan por una solución habitacional.

El diputado Christian Matheson se mostró particularmente incisivo, sugiriendo un castigo a la región natal del Presidente. El parlamentario señaló que esta reducción "afecta el desarrollo de los planes de vivienda para 2026” y representa un "retroceso en el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de los magallánicos”.

Otras figuras legislativas también reaccionaron con preocupación. La diputada Javiera Morales lamentó que se "haya recortado en los recursos de vivienda, que es una política de Estado”. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi calificó la medida como un "golpe al sueño de la casa propia y a la generación de empleo en la región”.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se sumó a las críticas, describiendo la situación como una "disminución brutal". "No recuerdo una baja tan dramática en un tema tan crítico para los vecinos. Esperamos que el gobierno reevalúe esta medida”, sentenció.

Existe un consenso entre las autoridades regionales respecto a que el ajuste presupuestario no solo pone en peligro la ejecución de cientos de proyectos habitacionales en marcha, sino que también augura un considerable retraso en la entrega de subsidios y en la construcción de nuevas viviendas en los años venideros.