La controversia por el bloqueo de las casas de apuestas online volvió a encenderse esta semana, luego de que la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos) —gremio que agrupa a las principales proveedoras de internet del país— asegurara que sus empresas ya dieron cumplimiento al mandato de la Corte Suprema de bloquear todos los sitios declarados ilegales. Sin embargo, al intentar acceder a las plataformas más conocidas, estas continúan operativas o reaparecen mediante variaciones mínimas en sus direcciones web.
El miércoles, el máximo tribunal del país notificó a Claro, Entel, GTD Manquehue, Telefónica, WOM y VTR del cúmplase de un fallo emitido el 29 de septiembre. La resolución reiteró que en Chile solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak cuentan con facultades para operar juegos de azar en línea, por lo que plataformas como Betano, Betway, Coolbet y Rojabet son consideradas ilegales.
Según el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, las empresas ya bloquearon “todas las páginas listadas en el fallo”. No obstante, la experiencia previa mostró que los sitios reaparecieron rápidamente con nuevos dominios o espejos, una estrategia que vuelve a repetirse.
La disputa entre el Estado y las casas de apuestas online no es nueva. Desde 2022, sucesivos gobiernos y parlamentarios han intentado ordenar un sector que creció más rápido que su regulación, sin que la ley avance en el Senado.
Ante la persistencia de los sitios, la presidenta de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, criticó duramente la situación. Recordó que el representante local de las plataformas ilegales advirtió públicamente que no cumplirían la orden judicial, y que simplemente migrarían a nuevas direcciones URL.
Carvallo insistió en que el país cuenta con operadores legales que sí están sujetos a regulación e impuestos: “No se puede permitir que plataformas ilegales continúen funcionando impunemente”.
La situación abre nuevamente el debate sobre la eficacia real de los bloqueos y la necesidad de una ley moderna de juegos online que aborde la evasión fiscal y la publicidad masiva en el deporte profesional.