Un reciente caso ventilado en los tribunales de Punta Arenas puso de manifiesto las complejidades que enfrentan las instituciones judiciales en el control de identidad y los procesos migratorios. Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue formalizado por el delito de hurto simple tras ser detenido sustrayendo especies en un supermercado de la Zona Franca, develándose que se mantenía en el país en situación irregular desde hace cinco años.

El fiscal Oliver Rammsy explicó que la falta de documentación chilena en personas en situación migratoria irregular obstaculiza la identificación plena y la determinación de si poseen antecedentes penales o causas pendientes, lo cual contraviene la legislación vigente.

"Se detuvo a un ciudadano colombiano, en Zona Franca, donde estaba sustrayendo especies," detalló el fiscal. El problema surgió al momento del control de detención, ya que no portaba cédula de identidad nacional. Para avanzar en la formalización y establecer su historial penal, la Fiscalía solicitó la aplicación de una herramienta administrativa específica: el "canje penal", con el objetivo de que el Registro Civil le otorgue un RUT provisorio.

El fiscal Rammsy enfatizó que este trámite es crucial para que el sistema judicial pueda generar un registro y acceder a la información del sujeto, tal como ocurre con los ciudadanos chilenos. "Tenemos que ver si el sujeto tiene causas pendientes, y todo eso es lo que se puede registrar cuando estas personas obtienen el rut chileno," remarcó.

Finalmente, el sujeto fue formalizado por el hurto. Tras la gestión, se determinó que no mantenía antecedentes penales en Chile. Por este motivo, la Fiscalía no solicitó medidas cautelares más gravosas, quedando el imputado con la prohibición de acercarse al supermercado donde fue detenido.

Este episodio subraya el desafío que representa para las instituciones de justicia y orden público en Magallanes manejar la población en situación migratoria irregular y la necesidad de coordinar procesos administrativos rápidos para garantizar la correcta aplicación de la Ley y la seguridad ciudadana.