La salmonicultura en la Región de Magallanes es uno de los motores económicos más relevantes del territorio, con exportaciones que bordean los US$ 600 millones anuales. Sin embargo, hoy la industria avanza con el “freno de mano puesto”, no por falta de tecnología o capital humano, sino por un entramado normativo y burocrático que mantiene al sector en una prolongada pausa.

Con 3.500 empleos directos en juego, el gremio salmonicultor advierte que la falta de certezas jurídicas y la lentitud del Estado han ido restando competitividad a una actividad clave para el desarrollo regional.

Crecimiento bloqueado y costa sin gestión clara

Carlos Odebret, líder gremial del sector, es categórico al señalar que el crecimiento de la industria se encuentra prácticamente bloqueado, considerando que el 99% de la costa regional está bajo algún tipo de protección, sin planes de manejo actualizados ni criterios claros para compatibilizar desarrollo productivo y conservación ambiental.

“Seguimos todavía con esas reglas ya añejas y que requieren ser modificadas y en algunos casos derechamente derogadas”, sostiene Odebret, apuntando a normativas que no dialogan con los avances tecnológicos ni con los estándares actuales de producción sustentable.

Lo que hoy está en pausa

Entre los principales efectos de este escenario se encuentran:

• Inversión bajo llave: Cerca de US$ 100 millones destinados a nuevas plantas de proceso y pisciculturas permanecen detenidos, a la espera de destrabar autorizaciones para operar en el mar.
• El nudo de CONADI: Más de 260 mil hectáreas se mantienen en indefinición desde 2018 debido a la falta de informes técnicos sobre espacios costeros, lo que impide que la CRUBC tome decisiones.
• Mito versus realidad: En la Reserva Kawésqar, la salmonicultura ocupa apenas 1.000 hectáreas de un total de 2,6 millones, cifra que el sector utiliza para reforzar su argumento de convivencia con áreas protegidas.

Reactivación y modernización del Estado

Desde la industria plantean que el escenario político abre una oportunidad para impulsar cambios estructurales. En ese contexto, se identifica una hoja de ruta orientada a la reactivación productiva, basada en tres ejes principales:

• Certeza jurídica: Destrabar los planes de manejo permitiría que la inversión actualmente detenida pase del papel a la ejecución.
• Limpieza normativa: Aplicar una revisión profunda de reglamentos obsoletos que ya no se condicen con los estándares tecnológicos actuales.
• Gestión territorial eficiente: Resolver los informes pendientes de CONADI para que el Estado pueda ordenar el borde costero, promoviendo una convivencia real entre producción y protección ambiental.

El desafío, coinciden desde el sector, no es eliminar la regulación, sino modernizarla, permitiendo que Magallanes despliegue todo su potencial productivo sin renunciar a la conservación de su patrimonio natural.