La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas este miércoles al publicar su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), donde se detalla un desorden financiero sistémico que afecta a 73 organismos del Estado. Los recursos bajo cuestionamiento ascienden a la estratosférica cifra de $15,9 billones (equivalentes a unos US$ 17.300 millones), monto que representa cerca de un sexto del presupuesto nacional proyectado para 2026.

Lo más grave del reporte es que, tras revisar los balances de 50 instituciones del Gobierno Central y 23 municipalidades, en el 100% de los casos el organismo fiscalizador debió aplicar una "abstención de opinión". Esto significa que la contabilidad de estas entidades es tan deficiente que no es posible confirmar si las cifras reportadas son reales o razonables.

Radiografía del desorden fiscal (2020-2024)

El informe desglosa que el 91% de las anomalías se concentran en el nivel central del Estado, mientras que el 9% restante pertenece al sector municipal. Las carteras con mayores montos cuestionados son:

• Ministerio de Defensa: Lidera el listado con objeciones por US$ 4.568 millones.

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu): Secunda el ranking con US$ 1.870 millones en observación.

• Ministerio del Interior: Registra inconsistencias por US$ 1.753 millones.

Por su parte, el desorden en los 23 municipios auditados suma un total de US$ 1.605 millones.

¿Por qué no se validaron las cuentas?

La CGR detectó patrones comunes de negligencia administrativa que impiden asegurar la confiabilidad de los recursos públicos:

1. Falta de análisis de saldos: El 66% de los estados financieros no cuenta con un sustento que explique los montos registrados.

2. Debilidad en controles internos: En muchos casos, los controles son inexistentes, facilitando el riesgo de errores o fraudes.

3. Sistemas informáticos vulnerables: Se detectaron fallas críticas en las plataformas de tecnología de la información que procesan la contabilidad.

4. Nula gestión de cobro: Existe una falta generalizada de recuperación de recursos y gestión de deudas morosas.

Acciones legales y administrativas

Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría no solo se limitó a informar, sino que activó mecanismos de sanción y persecución penal:

• 27 sumarios administrativos instruidos para determinar responsabilidades.

• 10 procedimientos internos iniciados.

• 10 remisiones directas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante la posible existencia de delitos funcionarios o daño patrimonial al Fisco.

Reacción del Gobierno

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el informe señalando que el periodo revisado se inicia en 2020, bajo la administración anterior. Sin embargo, aseguró que analizarán el detalle para determinar qué procedimientos han sido corregidos y cuáles deben ser intervenidos de manera urgente para garantizar la correcta administración de los recursos de todos los chilenos.