El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tomado una decisión drástica para enfrentar el complejo panorama financiero del país. Mediante un decreto de Emergencia Económica, el Ejecutivo tendrá la potestad de adoptar medidas extraordinarias sin pasar inicialmente por el legislativo, una respuesta directa al archivo de su reciente proyecto de reforma tributaria.
A pesar de que la economía colombiana muestra señales de resiliencia, con proyecciones de crecimiento del PIB de hasta un 2,7% para fines de 2025, las arcas fiscales enfrentan un desequilibrio crítico debido al aumento del gasto público y el endeudamiento.
A pesar de que la economía colombiana muestra señales de resiliencia, con proyecciones de crecimiento del PIB de hasta un 2,7% para fines de 2025, las arcas fiscales enfrentan un desequilibrio crítico debido al aumento del gasto público y el endeudamiento.
El gobierno de Petro sostiene que necesita 41.000 millones de dólares para garantizar la operatividad del Estado el próximo año. Los puntos clave de la crisis son:
Déficit Fiscal en ascenso: El indicador subió 2,5 puntos porcentuales entre 2023 y 2024, y se proyecta que cierre por encima del 7% en 2025.
Bloqueo Legislativo: El Congreso hundió la reforma que buscaba inyectar 4.000 millones de dólares frescos al presupuesto, lo que dejó al Ejecutivo sin margen de maniobra tradicional.
Riesgo de Recortes: Según el decreto, de no aplicarse estas medidas, el país se enfrentaría a un ajuste severo que afectaría directamente el bienestar social y la inversión pública.
El decreto de emergencia permite al gobierno crear o modificar tributos de forma temporal (por 30 días) para cerrar la brecha fiscal. Aunque aún no se detallan los impuestos específicos, Petro fue enfático en sus redes sociales: “El gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte”.
Analistas internacionales observan con cautela este movimiento, ya que el uso de facultades de emergencia para temas tributarios suele generar tensiones con las cortes de justicia y los sectores empresariales, quienes temen por la estabilidad jurídica del país.
Esta situación en Colombia se suma a un clima de incertidumbre económica en varios países de la región, donde la lucha por el control del déficit fiscal marca la agenda política de cara al 2026.