La reciente firma del protocolo de acuerdo por el reajuste del sector público 2025-2026 entre el Ministerio de Hacienda y la Mesa del Sector Público ha desatado una fuerte tormenta política. El foco de la controversia es una norma que establece que la no renovación de contratas deberá ser un acto fundado en criterios objetivos y notificado con 30 días de antelación, lo que para la oposición representa un blindaje masivo de funcionarios.
El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, y el Presidente electo, José Antonio Kast, han liderado las críticas, acusando a la administración saliente de intentar dejar "amarrado" el aparato estatal antes de entregar el poder en marzo de 2026.
El acuerdo, que incluye un reajuste salarial del 3,4%, incorpora cláusulas que dificultan el cese de funciones para miles de trabajadores estatales:
Restricción de despidos: La nueva normativa exige fundamentos de hecho y de derecho para no renovar un contrato, limitando la facultad discrecional de las nuevas autoridades.
Confianza Legítima: El debate se centra en este principio administrativo que otorga estabilidad a quienes llevan años en el sistema. Mientras los gremios lo ven como un derecho al "trabajo decente", el bloque de Kast lo califica como una herramienta de "blindaje político".
Rigidez Fiscal: Se advierte que estas medidas elevarán el gasto permanente del Estado, limitando el presupuesto para las nuevas prioridades sociales que el próximo gobierno busca implementar.
El senador Alejandro Kusanovic fue tajante al señalar que se está rompiendo la tradición republicana de permitir que cada mandatario conforme su equipo de confianza:
“Un nuevo Gobierno debe tener la libertad de conformar su equipo para implementar el programa por el cual fue elegido. Esta medida es profundamente preocupante”, sostuvo el parlamentario magallánico.
Por su parte, José Antonio Kast enfatizó que su gestión no permitirá que el Estado sea utilizado como refugio de militantes:
Eficiencia ante todo: El mandatario electo aseguró que su prioridad será la eficiencia del aparato público.
Respeto laboral: Si bien afirmó que se respetarán los derechos, recalcó que no se permitirá que el Estado se convierta en un obstáculo para la instalación de la nueva administración.
Desde la ANEF y la CUT, los dirigentes defienden el acuerdo señalando que no se trata de un "amarre", sino de evitar despidos arbitrarios por razones políticas, garantizando que el empleo público no sea un "botín de guerra" cada cuatro años.