La paciencia del municipio de Punta Arenas con las empresas de telecomunicaciones parece haber llegado a su límite. El alcalde Claudio Radonich manifestó su indignación por el incumplimiento de la Ley N° 21.172, conocida como “Ley Chao Cables”, la cual obliga a las operadoras a retirar la infraestructura en desuso que hoy satura los postes de la ciudad.

Con un tono crítico, el jefe comunal descartó seguir participando en instancias de coordinación que no rinden frutos. “La ciudad parece mueblería con tantas mesas que hemos hecho sin respuestas concretas”, sentenció, subrayando que la normativa es clara respecto a quién debe financiar y ejecutar la limpieza del espacio público.

Los puntos críticos de la demanda municipal

El reclamo de Radonich se sustenta en tres ejes fundamentales que afectan la calidad de vida de los puntarenenses:

• Responsabilidad Empresarial: El alcalde recordó que las empresas instalaron el cableado para generar utilidades. "Cuando el negocio era ganar plata, la ganaron; ahora que la tecnología cambió y esos cables no sirven, tienen que retirarlos. No nos llenen de mugre", enfatizó.

• Seguridad Pública: En una zona de fuertes vientos, el abandono de cables no es solo un problema visual. Radonich alertó que los cables sueltos se transforman en "latigazos" que ponen en riesgo la integridad física de los peatones.

• Viabilidad Financiera: Si bien la ley permite que el municipio retire los cables y luego cobre a las empresas, la autoridad advirtió que no es viable que la municipalidad adelante sumas millonarias de dinero público sin certezas de cuándo será reembolsado por las corporaciones.

El rol de la Subtel y las multas

La "Ley Chao Cables" contempla sanciones severas para las empresas que no mantengan su infraestructura rotulada o que no retiren el material obsoleto, con multas que pueden alcanzar los $70 millones de pesos (1.000 UTM).

Ante la falta de acción voluntaria, el alcalde hizo un llamado directo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para que ejerza su potestad fiscalizadora. La demanda es que el organismo central obligue a las operadoras a cumplir sus planes de retiro de forma inmediata, evitando que el costo de la "basura aérea" siga siendo traspasado a la comunidad magallánica.