La legalidad en la provisión de cargos estratégicos ha encendido el debate político en el municipio de Punta Arenas. Todo surge a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República emitido en noviembre, que instruyó a la administración del alcalde Claudio Radonich a regularizar puestos directivos que operaban bajo subrogancias o suplencias excesivamente prolongadas.
El órgano fiscalizador advirtió que mantener cargos como la Administración Municipal, Asesoría Jurídica, Dideco, Gestión de Desastres y Secplan en estado de interinato vulnera los principios de eficiencia y legalidad, exigiendo nombramientos formales en un plazo de 20 días hábiles.
La concejala Alicia Stipicic fue la primera en alzar la voz este domingo, cuestionando la demora en la normalización total de la planta directiva. Para la edil, el cumplimiento de las órdenes de Contraloría no es opcional ni sujeto a interpretación.
"No es aceptable exigirle a los vecinos que cumplan las ordenanzas si como municipio no somos capaces de cumplir lo que ordena la Contraloría. La ley debe ser la misma para todos", sentenció Stipicic, agregando que esta situación daña la confianza ciudadana en las instituciones.
Horas más tarde, el alcalde Claudio Radonich salió al paso de las críticas mediante una declaración pública, donde descartó de forma tajante cualquier irregularidad vigente.
Cumplimiento del dictamen: El jefe comunal aseguró que, desde noviembre, el municipio dio cumplimiento a lo ordenado y que actualmente no existen cargos bajo la figura de suplencia cuestionada.
Confusión jurídica: Radonich explicó que las designaciones temporales se mantuvieron inicialmente debido a las restricciones propias de los períodos electorales, donde se limitan concursos y movimientos de personal, criterio que luego fue aclarado por el propio ente contralor.
Hito en Transparencia: El alcalde aprovechó de destacar que este año el municipio alcanzó el 100% de cumplimiento en Transparencia, según el Consejo para la Transparencia. "Cualquier duda sobre el actuar administrativo debe canalizarse a través de los organismos correspondientes", concluyó.
El núcleo del conflicto radica en la interpretación técnica de cómo se cubren las vacantes. Mientras la Contraloría busca evitar que los cargos de confianza se mantengan "eternamente" en calidad de interinos para evitar concursos públicos o nombramientos definitivos, la administración municipal defiende la flexibilidad necesaria para la operatividad diaria, especialmente en un año marcado por las elecciones.
Por ahora, la administración asegura haber cerrado el capítulo de las observaciones, mientras que desde el Concejo Municipal anuncian que seguirán fiscalizando que los decretos de nombramiento se ajusten estrictamente a lo solicitado por el órgano fiscalizador.