Un dictamen de la Contraloría General de la República, emitido durante el mes de noviembre, volvió a instalar el debate en el municipio de Punta Arenas respecto de la legalidad de las subrogancias prolongadas en cargos directivos. El pronunciamiento instruyó a la administración comunal a regularizar diversos puestos que se encontraban ocupados bajo figuras temporales, fijando un plazo de 20 días hábiles para efectuar los nombramientos conforme a la normativa vigente.

La observación del órgano fiscalizador apuntó al uso reiterado de subrogancias y suplencias en cargos estratégicos, una práctica que —según Contraloría— podría vulnerar los principios de legalidad, eficiencia y probidad administrativa establecidos en la Ley N.° 18.575, al no convocarse oportunamente los procedimientos formales para proveer las vacantes. Entre las direcciones observadas se encontraban la Administración Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Gestión de Desastres y la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan).

De acuerdo con el informe, el municipio habría aplicado un mecanismo de designaciones temporales por períodos acotados, que luego eran renovados de forma interina, evitando la renuncia a la planta o la apertura de concursos públicos para cargos de confianza. Esta práctica fue expresamente cuestionada por la Contraloría, que solicitó su corrección inmediata.

En este contexto, y tras una consulta realizada por El Pingüino este domingo, la concejala Alicia Stipicic sostuvo que, a su juicio, la situación no ha sido corregida en su totalidad.

“No es aceptable exigirle a los vecinos y vecinas de Punta Arenas que cumplan las ordenanzas municipales y paguen sus obligaciones, si como municipio no somos capaces de cumplir lo que ordena la Contraloría. La ley debe ser la misma para todos”, afirmó.

La edil agregó que “hoy estamos en falta y eso hay que decirlo con claridad”, enfatizando que los dictámenes del órgano contralor son obligatorios y no interpretables según conveniencia política. Asimismo, advirtió que persistir en esta situación “termina dañando la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, remarcando que su rol es fiscalizar y exigir el cumplimiento de la legalidad.

Horas más tarde, cerca de las 21 horas de este domingo, el alcalde Claudio Radonich respondió a los cuestionamientos mediante una declaración pública, descartando categóricamente cualquier incumplimiento. En su comunicado aseguró que “desde el mes de noviembre no existen cargos suplentes en el municipio”, señalando que la administración dio cumplimiento oportuno al dictamen de la Contraloría General de la República.

El jefe comunal explicó que la interpretación inicial del municipio se basó en criterios aplicados durante períodos electorales, donde se restringen destituciones y concursos públicos, lo que habría generado confusión respecto de los nombramientos. No obstante, indicó que un pronunciamiento posterior de Contraloría aclaró que dichas restricciones no eran aplicables en este caso.

Radonich también defendió la gestión municipal, afirmando que en sus diez años como alcalde ha actuado conforme a la ley y a las instrucciones de los organismos fiscalizadores. Además, destacó que este año el municipio de Punta Arenas alcanzó el 100% de cumplimiento en materia de transparencia, reconocimiento otorgado por el Consejo para la Transparencia, calificándolo como un hito a nivel comunal.

Finalmente, el alcalde lamentó lo que describió como confusión y desconocimiento jurídico en torno a los conceptos de suplencia y subrogación, reiterando su respeto por los dictámenes de Contraloría y señalando que cualquier duda sobre el actuar administrativo del municipio debe canalizarse a través de los organismos correspondientes.