El sistema de salud privado vive una transformación histórica. Por primera vez en 20 años, las Isapres perdieron la facultad de fijar unilateralmente el precio de las Garantías Explícitas en Salud (GES). Tras la implementación de la Ley Corta, la Superintendencia de Salud ejerció su nuevo poder de fiscalización técnica, obligando a tres compañías a reducir los montos que pretendían cobrar por considerarlos injustificados.
Hasta antes de esta normativa, la autoridad solo recibía la información de los precios. Hoy, el escenario es distinto: cada cifra presentada por las Isapres fue sometida a un riguroso análisis técnico, rechazando cualquier intento de cobro que no estuviera debidamente respaldado por costos reales de prestación.
Este proceso de verificación trae consigo alivios económicos y certezas para los beneficiarios del sistema:
Rebaja de precios: Tres Isapres deberán cobrar menos de lo anunciado originalmente. Además, 6 de las 10 aseguradoras terminarán con una prima GES más baja que la que tenían en septiembre de 2022.
Sin retroactividad: No se aplicarán cobros por periodos pasados; los nuevos valores rigen desde su publicación.
Libertad de elección: Los afiliados que no estén conformes con el nuevo valor de su plan tienen un plazo de 60 días para evaluar un cambio de Isapre o moverse al sistema público.
El ajuste de precios coincide con la entrada en vigencia del GES 90, que aumenta de 87 a 90 los problemas de salud cubiertos. Entre las nuevas patologías que ahora cuentan con protección financiera obligatoria destacan:
Cirrosis hepática (y sus complicaciones).
Depresión grave en niños, niñas y adolescentes.
Tratamiento para la dependencia del tabaco.
Medicamentos de alto costo: Se incorporan terapias biológicas y tratamientos innovadores que antes quedaban fuera del presupuesto de las familias.
El Superintendente de Salud, Víctor Torres, destacó el impacto de este cambio: "Antes la Superintendencia no podía hacer nada. Hoy revisamos con rigor técnico y donde encontramos cobros excesivos, los corregimos". Con esto, se busca poner fin a una era de alzas que muchas veces no se traducían en mejoras reales de servicio para los pacientes.